El sindicato CSIF afea al bipartito [PSPV-PSOE y Compromís] que solo asigne 1.000 euros a la violencia de género e igualdad en los presupuestos del Ayuntamiento de Castelló para 2019. En un escrito de alegaciones [en total, 13], formalizado por registro el pasado 21 de febrero, considera insuficiente la cuantía y espera que se trate de un «error» de transcripción, ya que cualquier otra explicación resultaría, para el colectivo, indefendible. «Parece que deba destinarse mucho mayor cantidad a ese problema de tal gravedad como es el que se ha venido a denominar terrorismo doméstico», precisa.
El CSIF advierte que algunas actuaciones proyectadas por el equipo de gobierno, en cuanto a su redacción, resultan un tanto ambiguas. Así, por ejemplo, en relación a los 80.000 euros presupuestos para aplicar la Ley de Memoria Histórica matiza que «deberían estar más detallas y no incluir en la misma, actuaciones en símbolos religiosos, respetando la libertad de culto, y la colaboración con la iglesia católica y otras, como dice el artículo 16.3 de nuestra Constitución Española».
El sindicato, en sus alegaciones para mejorar las cuentas municipales, también objeta sobre las inversiones previstas por el ayuntamiento en relación a los centros educativos. Así, argumenta que «no se alcanza a comprender cómo se destinan importantes partidas para la demolición de varios CEIP, más de dos millones de euros, cuando parece que la colaboración administrativa consiste en que el municipio cede el suelo y la construcción es a cargo de los presupuestos autonómicos».
Respecto a determinados gastos, la central sindical solicita un incremento presupuestario para la banda municipal de música y mayor aclaración respecto a los capítulos relacionados con la Policía Local de Castelló. En el caso de la agrupación musical, se refiere a la reparación de instrumentos, cuyos 4.331,05 euros contemplados «parecen claramente insuficientes».
Por lo que respecta a las fuerzas de Seguridad, asegura que «el mantenimiento informático de la Sala de Emergencias de la Policía Local, por importe de 21.000 euros, no se alcanza de conocer las causas, qué conceptos comprende y los informes técnicos que lo justifiquen». Además, «los 40.000 euros destinados a gastos jurídicos de la Policía Local deben estar más especificados respecto a qué comprenden; si incluyen honorarios de abogados y procurador, condenas a costas, responsabilidad civil a cargo de los funcionarios. En cualquier caso parecen, evidentemente, muy insuficientes».
Otras alegaciones del CSIF tienen que ver con los gastos de personal, las categorías profesionales y denominaciones «ya desaparecidas». El sindicato cuestiona el redondeo aplicado en muchas partidas y propone que «los 'grandes logros', las facturas en el cajón, etcétera no deben formar parte de un presupuesto y deben, por tanto, eliminarse del mismo».
