Una vez asumido el diagnóstico, la cuestión está en enfocar bien las políticas que aplican las administraciones para revertir la despoblación de los municipios del interior castellonense en particular y valenciano por extensión.
En este sentido, en el marco de una jornada de debate organizada por el Aplec dels Ports, cuya organización este año corre a cargo del municipio de Herbers, que cuenta 49 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, la problemática principal que afloró son las dificultades legislativas que constriñen las iniciativas administrativas y empresariales que basan su desarrollo en el territorio. Al respecto, el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, apuntó que «el principal rasgo de la despoblación es que es un síntoma de la desigualdad con estos municipios». Ripollés reclamó «herramientas de gestión propias» para que los ayuntamientos puedan adaptarse a las demandas de la ciudadanía y a las problemáticas que afrontan.
Las críticas se centraron contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conocida como ley Montoro, por las dificultades que proyecta en las entidades locales y por el hecho de que «afecta a las capacidades económicas de los ayuntamientos para tejer proyectos», como indicó Ripollés.
El primer edil de la capital de Els Ports matizó además que la despoblación, a su juicio, «afecta en el día a día de las ciudades de forma negativa, porque es una desigualdad insostenible desde el punto de vista medioambiental y desde la parte de sostenibilidad del territorio, más allá de las visitas del fin de semana».
En el debate participó también el director general de Administración Local de la Generalitat, Antonio Such, que fue el destinatario de las principales demandas de los ponentes y de los asistentes. Such desglosó los programas del Consell contra la despoblación, entre los que se encuentra el desarrollo de la Agència Valenciana Antidespoblament (Avant) y las líneas de ayudas directas para los municipios que se han puesto en marcha en esta legislatura.
Aún así, el responsable de la administración valenciana reconoció las limitaciones a las que les obliga la legislación medioambiental y la urbanística. Al respecto, Such informó que en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat se ha eliminado una tasa sobre la instalación de fibra óptica alrededor de las carreteras que gravaba con 43? el metro lineal, lo que suponía un coste de 43.000 euros el kilómetro y que frenaba la inversión de las compañías operadoras de estos servicios.
No obstante, Such indicó que las particularidades del territorio de la Comunitat Valenciana, con un interior despoblado y una costa poblada pero a poca distancia medida en tiempo y con infraestructuras de transporte adecuadas.
También formó parte de la mesa redonda la diputada de Acción Social de la Diputación de Castelló, María Elena Vicente-Ruiz, que asume también la gestión del programa Repoblem. Vicente-Ruiz destacó las políticas de discriminación positiva y resaltó las medidas impulsadas desde la entidad como las Unidades de Respiro, las Escoles Matineres, las Unidades de Conciliación Familiar y el taxi a demanda con fines médicos. Además, la diputada agradeció el trabajo conjunto de las administraciones contra la despoblación y respecto al cierre de colegios por no ser rentables aseguró que «no se puede cerrar un colegio y eso ha sido un gran avance de la Generalitat».
El geógrafo Luis Romero del Renau, de la Universitat de València, incidió en que la despoblación es un problema «secular y complejo», aunque adujo que se ha añadido una circunstancia nueva a esta pérdida de población y es la afección a municipios como Vilafranca, Morella, Forcall o Cinctorres, «que es donde se concentran la escuela y los servicios». Así mismo, Romero criticó el hecho de que en la mesa no estuviera representada la administración del Estado y criticó que todavía no se haya desarrollado «una estrategia nacional contra la despoblación». En este sentido, el investigador de la Universitat de València apuntó que se debería aplicar «una perspectiva rural en el momento de aprobar o desarrollar un decreto, al igual que ya se hace con la perspectiva de género». Al mismo tiempo, pidió una política de vivienda pública de vivienda en el medio rural y política agrarias adaptadas a la zona rural.
En el caso del profesor de la Universitat Jaume I, Jaume Aparici, este fue muy crítico con las administraciones y aseguró que no se debe hablar de revertir la despoblación sino potenciar políticas de gestionar de otra manera el territorio. Aparici concluyó que la despoblación es una consecuencia del diseño de la España radial y cuestionó las políticas de concentración de las inversiones en las zonas más pobladas, negando así el derecho de ciudadanía a los residentes en municipios del interior.
Becas Labordeta
Luis del Romero Renau aportó al debate la posibilidad de que las universidades desarrollaran al igual que las becas Erasmus, las becas Labordeta para que el alumnado cualificado pudiera realizar sus prácticas en el entorno rural.
