La Fiscalía de Casteló cambió ayer de criterio tras la celebración del juicio oral por la manipulación del censo en Cabanes en el año 2007 y transformó el sobreseimiento inicial en una petición de pena de 9 meses de prisión y 2.100 euros de multa para el único acusado en la causa, P.A.M., por un delito de falsedad en documento oficial. El cambio de criterio de la Fiscalía se debió a que después de las declaraciones como testigos de las personas que figuraban en las solicitudes de empadronamiento encontraba suficientes indicios de criminalidad sobre la actuación del acusado.
Los testigos no recordaron ni cuándo, ni cómo, ni por qué pidieron la inscripción en el padrón de Cabanes y algunos de ellos incluso afirmó desconocer si llegó a vivir en esa localidad. Una de las personas que figuraban en la solicitud testificó que se había falsificado su firma tras rechazar una propuesta en este sentido del acusado.
La vivienda era un inmueble en la Ribera de Cabanes, junto a la N-340, que a juicio de un Guardia Civil que inspeccionó la zona desde el exterior "presentaba un aspecto de deshabitada" y "parecía un almacén". El propietario aseguró en su declaración en 2010 que le había dejado la vivienda a P.A.M. sin contraprestación económica "para que se la cuidara". El encausado trabajaba en Orpesa en el año 2006 alquilando hamacas y elementos motrices para el baño y aseguró ayer no recordar nada de lo sucedido debido a una mala temporada personal y a problemas con el alcohol.
El cambio de criterio de la Fiscalía de debe también a que llegó a la conclusión, al contrario que en 2015 cuando instó el sobreseimiento de la causa, que la única conexión entre la vivienda y las 6 otras personas que pidieron empadronarse en ese inmueble es el acusado, dado que figuran dos amigos suyos y la esposa de uno de ellos, su hermana y su marido y una conocida con la que coincidió en un curso. ésta última es la persona que aseguró que le habían falsificado la firma tras rechazar una petición de P.A.M. para empadronarse en Cabanes.
Por su parte, la acusación particular pide una pena de prisión de 3 años y una multa de 9.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Cabanes solicitó una pena de 6 meses de prisión.
