Prácticamente la totalidad de los 46 vecinos que solicitaron empadronarse en Villamalur ya lo han conseguido pero fuera de la fecha límite del 30 de enero, por lo que de no haber rectificación no podrán votar en las próximas elecciones locales de mayo. El ayuntamiento de la localidad los denunció ante la Fiscalía por posible empadronamiento masivo y además, según indican los vecinos, esto fue el 25 de enero y el PP de Castelló se presentó como acusación particular.
La localidad de l'Alt Millars cuenta con alrededor de 40 nuevos censados y ha emitido los volantes de empadronamiento de ellos en las fechas del 6 y 20 de febrero. Hasta ahora este pueblo de la Serra d'Espadà contaba con menos de 60 personas que podían votar en las municipales y hoy rondan el centenar de censados. Lo más probable es que el signo político del ayuntamiento cambie si la fecha de empadronamiento se modifica a la de la solicitud del trámite, que fue los días 9, 16 y 23 de enero. Cabe recordar que varios de los nuevos empadronados mostraron su descontento con el actual equipo de gobierno.
Los vecinos han interpuesto un recurso de reposición y lo que reclaman es que el ayuntamiento modifique las fechas del volante y ponga las de enero, que corresponden a los días que presentaron el trámite. Jorge Calpe es uno de los nuevos empadronados y alega que acorde con la resolución de 16 de marzo de 2015 «la norma indica que si toda la documentación acreditada para empadronarse es correcta, el consistorio debe realizar la inscripción y el empadronamiento es efectivo desde ese momento». Otra baza que presentan para que el cambio de fecha se haga efectivo es que dos de las 46 solicitudes tuvieron un defecto de forma porque completaron de forma errónea la documentación presentada y ambas peticiones obtuvieron respuesta del ayuntamiento a fecha de enero. Por ello entienden que las solicitudes que estaban correctas deben tener una respuesta similar. Calpe ejemplificó en que «uno de los vecinos no rellenó el campo de la 'localidad de origen' en el formulario y el consistorio le notificó el error el 30 de enero».
Declaración tras la denuncia
Calpe explica que debido a la denuncia interpuesta por el consistorio algunos han tenido que declarar en la Fiscalía, la Policía Judicial o, en el caso de los que residen en Onda, en la Guardia Civil. Por ello afirma que «desde nuestro punto de vista el que no cumple la ley es el ayuntamiento, nosotros lo hemos hecho todo de forma legal, de hecho nos han empadronado porque todos acreditamos lo necesario, cumplimos con la legalidad y por ello nos han acabado empadronando».
La Ley a la que se amparan los vecinos es la resolución de 30 de enero de 2015, del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.
En concreto alegan el punto 9 de las consideraciones generales que dice que «con carácter general, siempre que un ciudadano solicite el alta o la modificación de cualquiera de sus datos en el Padrón de un municipio aportando los documentos necesarios para probar su identidad, representación en su caso, y residencia real en el mismo, se procederá a realizar su inscripción en el Padrón sin más trámite, siendo efectiva desde ese momento y sin que sea posible otorgarle efectos retroactivos».
