El cajero de la Subdelegación del Gobierno de Castelló implicó en su declaración a la policia al titular del cargo durante el período 2007-2011, el socialista Antonio Lorenzo, en la trama de las facturas falsas que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital de La Plana, según ha podido saber este periódico de fuentes del caso.
Este alto funcionario, V. G., ahora suspendido en sus funciones, ocupaba el cargo de habilitador de gastos de la Subdelegación y es el principal investigado en esta trama, en la que además están implicados una veintena de empresarios de la provincia. El monto de lo defraudado por la trama podría alcanzar el millón de euros. En la causa hay un total de 34 investigados, entre ellos el mismo cajero, y otros funcionarios de la Subdelegación.
El funcionario, en su declaración ante la policía, indicó que el exsubdelegado Antonio Lorenzo conocía los supuestos pagos irregulares. Esta declaración motivó que los agentes tomarán declaración, en calidad de investigado, a Lorenzo y trasladarán las diligencias al juez instructor. Lorenzo dimitió de los cargos públicos que ocupaba, concejal en el Ayuntamiento de Castelló y diputado provincial, tras prestar declaración ante la policía y antes de ser citado formalmente, como investigado por el juez.
Las declaraciones ante el magistrado comenzaron ayer con el interrogatorio a dos testigos. De acuerdo con el calendario remitido por el Tribunal Superior de Justicia, la instrucción seguirá el 7 de marzo con el interrogatorio a cuatro investigados, todos ellos, proveedores de la Subdelegación del Gobierno de Castelló. Al día siguiente comparecerán cuatro testigos y el principal investigado en el sumario vinculado a la malversación de caudales públicos, el funcionario V. G.
Mientras, el próximo día 11 de abril el juez interrogará, igualmente en calidad de investigado al exsubdelegado Antonio Lorenzo.
Lorenzo dimitió de sus cargos el pasado 1 de febrero y dijo: «Habiendo tenido conocimiento de que la administración de Justicia ha puesto en marcha una investigación que atañe a mi etapa en la Subdelegación del Gobierno de España en Castelló entre los años 2007 y 2011, he tomado la decisión de renunciar a mi acta de concejal y, consecuentemente, al acta de diputado provincial». Y añadió: « Hace 33 años que sellé mi compromiso con la Administración. He recorrido todos los escenarios que un servidor público puede transitar en su carrera profesional. Y siempre, siempre lo he hecho con la convicción de obrar honestamente».
