La plantilla del Grupo de Intervención de Proximidad (GIP) de la Policía Local de Castelló consiguió ayer lo que pocos han logrado: frenar la celebración de un pleno municipal durante más de media hora al impedir, con sus pitos, bocinas y gritos desde la plaza del Mercadet, las intervenciones del portavoz socialista, Rafa Simó. Bien coordinados, con la presencia de asesores vinculados al PP a su alrededor y siguiendo con sus móviles a través de internet el devenir del pleno que se estaba celebrando, elevaron sus protestas mientras Simó intervenía en el primero de los puntos que generó debate -el de los planes acústicos de las plazas Muralla Liberal y Tetuán- para contestar a la popular Salomé Pradas.

Hasta en siete ocasiones tuvo que callarse el portavoz socialista ante el sonido que llegaba al interior de la sala, que impedía escucharle incluso con el micrófono abierto. Los grandes ventanales del plenario, con cristales livianos, no eran obstáculo para que el alboroto fuese intenso, dejando patente a partir de ahora la vulnerabilidad de la sala ante cualquier eventual protesta que se pueda generar en la pequeña plaza sin salida que se encuentra en uno de los laterales del Palacio Municipal.

Reunión urgente de portavoces

La alcaldesa, Amparo Marco, se vio obligada a suspender la sesión plenaria y llamar a los portavoces para analizar la situación, que corría el riesgo de llevar a una suspensión definitiva si la protesta seguía en marcha. Los portavoces de los grupos bajaron a la calle para hablar con los agentes de policía, que finalmente optaron por cesar en sus protestas y que se reanudase el pleno. Las concentraciones del Grupo de Intervención de Proximidad de la Policía Local, que está integrado por unos 50 agentes de una plantilla total que ronda los 300, no son nuevas, ya que son varios los plenos en los que vienen reclamando mejoras salariales para equipararlos con otros cuerpos policiales similares. De hecho, desde el equipo de gobierno, según fuentes municipales, ya se estaba trabajando para buscar una salida al conflicto laboral, incluso mejorando las reivindicaciones de los propios agentes.

Los representantes del GIP, en este sentido, viene pidiendo una mejora en torno a los 250 euros mensuales para cada uno de los miembros del GIP, que podría suponer unos 160.000 euros anuales. En cambio, la idea del gobierno local era llevar estas reivindicaciones a la mesa de negociación, pero superando incluso los 200.000 euros a año en conjunto. No obstante, el principal obstáculo para desbloquearlo era ver de dónde se podía sacar esta partida, si del capítulo 1 de gastos de personal o con modificaciones de crédito, sin descartar tampoco cambios en el reglamento. Un trabajo que, según las mismas fuentes, es denso y difícil de concretar cuando apenas faltan tres meses para las elecciones, destacando en cualquier forma que «la voluntad política existe».

Del Señor y la Ley Mordaza

Sobre la protesta en sí, desde Castelló en Moviment su portavoz, Xavi del Señor, «celebró· que la plantilla de la policía reivindique mejoras», señalando con ironía que «lo haga incluso desafiando la Ley Mordaza». Tras señalar que «todo el mundo tiene derecho a protestar y a reivindicar», le dio la «bienvenida» a los representantes del GIP «al lado oscuro de los que desafían la Ley Mordaza», pidiendo así de forma implícita que ante protestas similares de otros colectivos que no son agentes de policía se actúe de la misma manera y se les deje protestar.