El empresariado de Castelló articula actualmente su representación a través de la Confederación Valenciana de Empresarios (CEV), una organización nacida en marzo de 2018 que en Castelló integra a las principales patronales sectoriales. La CEV avanza mientras sigue sin resolverse el concurso de acreedores de la antigua Confederación de Empresarios de Castelló, que ya lleva dos años.
La extinta organización CEC carece de ingresos y socios y arrastra una deuda de 2 millones de euros que se arrastra de los años de gestión de José Roca y Rafael Montero. La vieja asociación sobrevive sin actividad y mantiene a su vez cerrada su sede del Edificio Sindical.
Fuentes conocedoras de este proceso explican que el juzgado de lo mercantil de Castelló no tardará mucho tiempo en convocar la junta de acreedores que deberá decidir el futuro de la entidad empresarial. Subrayan que todo hace indicar que la administración concursal elevará una propuesta de liquidación que llevará aparejado el pago de 60.000 euros, que contemplan nóminas de trabajadores o de la Seguridad Social. Esta cantidad, señalan, se conseguiría mediante cuotas impagadas de los socios que formaban parte de la asociación.
La CEC espera desde hace nueve meses una respuesta de los juzgados al plan de viabilidad que presentó. Este informe ha quedado en agua de borrajas ya que la vieja patronal en la práctica está inactiva y se ha quedado sin asociaciones con la entrada en funcionamiento de la Confederación de Empresarios Valenciana.
Una administradora concursal dirige las riendas de la organización y, según las mismas fuentes, se estaría planteando presentar la liquidación.
Junta de acreedores
Otras fuentes consultadas por este diario sostienen que el juzgado de lo mercantil reunirá en breve a una junta de acreedores para decidir si se acepta el plan de viabilidad redactado hace año y medio o si se confirma la disolución de la CEC. El plan de viabilidad no tiene visos de prosperar , ya que proyectó unos ingresos de 311.800 euros al año si mantenía a los asociados. Preveía un plan de pagos con un plazo de 20 años y una quita en 1,5 millones de los dos millones de euros, una cuantía que tenía que ver con los créditos ordinarios y subordinados.
Los créditos ordinarios ascienden a los 864.161 euros e incluyen a 62 proveedores, entre otros academias y centros de formación, más otros 670.892 euros subordinados, en los que la mayor parte están ligados a una deuda con Cierval.
También hay 71.000 euros correspondientes a retrasos en salarios a extrabajadores y deudas con Hacienda y Seguridad Social
La CEC apura sus últimas semanas tras 38 años de historia. En los años álgidos mantuvo una estructura mastodóntica mantenida a través de subvenciones que inyectaba el Consell para la realización de cursos de formación. La crisis económica rebajó las ayudas públicas, al tiempo que el Servef obligó al retorno de parte del importe aportado por cursos al considerar que no se habían justificado convenientemente, en un caso que derivó en una caso penal.
El proceso judicial se dirime en los juzgados de Nules. El magistrado instructor que dirige el caso investiga un presunto uso fraudulento de 1,8 millones.
