Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Ayuntamiento de Castelló

En el nombre de Pablo Casado

La alcaldesa de Castelló, de momento, mantiene la comparecencia voluntaria para hablar en marzo sobre corrupción municipal

En el nombre de Pablo Casado Carme Ripollés

Nada es por casualidad y en política, menos. La corrupción sigue siendo motivo de debate a nivel nacional, autonómico y local. Castelló está sumergida en un mar de crispación que ahoga los debates propios de la actividad municipal. Y aunque los partidos políticos enarbolan la bandera de la honradez en bien de los vecinos, las estrategias políticas, y no el tan recurrido bienestar del ciudadano, son las que marcan el camino en este tsunami electoral que les toca vivir entre abril y mayo. El Partido Popular, también el de Castelló, tiene un serio problema, porque sigue con una mochila a la espalda cargada de casos de corrupción. Y sabe que si abre la caja de los truenos corre el riesgo de que se la devuelvan como la de Pandora. Pero hay que reconocerles valentía, porque sacar a debate en el ayuntamiento temas de corrupción, con todo el tufo que sigue llegando de Gürtel, Púnica y un sinfín de casos abiertos, es de osados, sino de inconscientes.

Dos son los frente en los que el Partido Popular de Castelló ha puesto su empeño hasta la fecha, uno vinculado a Compromís -con el caso de los sobres con propaganda electoral pagados presuntamente con fondos municipales en 2014 (pendiente aún de revolver)- y el otro al PSPV.

Este segundo, el más reciente, afecta al socialista Antonio Lorenzo, mano derecha de la alcaldesa de Castelló desde junio de 2015 hasta el pasado 1 de febrero, día en el que anunció su dimisión ante la próxima citación judicial que iba a recibir de un juez. La investigación está centrada en posibles delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos en la Subdelegación de Castelló en el periodo 2007-2017, que podría tener un valor de un millón de euros y que afecta principalmente a dos funcionarios y una treintena de empresarios. Lorenzo, como subdelegado en la época 2007-2011, tendrá que comparecer ante el juez en abril.

Al Partido Popular se le abrió así una puerta a hablar de presunta corrupción de los socialistas. De hecho, desde ese 1 de febrero se han movido para intentar trasladar el caso de la Subdelegación al debate municipal, exigiendo explicaciones a la alcaldesa, Amparo Marco. Primero pidiéndole que compareciese en el pleno de febrero y después, tras no conseguirlo, reclamando un pleno extraordinario hablando de presuntas irregularidades de Lorenzo en su gestión sobre determinados procedimientos y contratos municipales, expedientes sobre los que ya había debatido en las diferentes comisiones municipales.

Todo estaba preparado para que hoy jueves se celebrase ese pleno extraordinario exigido por la portavoz municipal del PP, Begoña Carrasco, para sacar rédito político del caso de Lorenzo en la Subdelegación. Pero la sorpresa llegó este martes, 5 de marzo, cuando pidió por registro la anulación de la sesión plenaria por la que tanto había peleado. A nadie escapa que al presidente de la Diputación, Javier Moliner, que sigue siendo una referencia política del partido pese al anuncio de su retirada de la primera línea, no le gustaba la crispación que se vive. La prudencia de sus palabras sobre Lorenzo chocaba con la virulencia de las de Carrasco o las de su portavoz adjunto, Juan José Pérez Macián.Moliner seguro que ha presionado, pero la presencia mañana en Castelló del líder nacional del PP, Pablo Casado, era un arma de doble filo, porque el grupo popular es consciente de que en el anulado pleno de hoy se hablaría de Lorenzo, sí, pero también de Gürtel, de Púnica y de los nuevos informes de la UCO que hablan de presuntas responsabilidades penales del exalcalde Alfonso Bataller y del propio Pérez Macián. Solo así se entiende que la cuestión de Estado que les suponía el debate sobre Lorenzo se haya desinflado, porque almorzar mañana en la capital de la Plana con Casado leyendo, quizás, algún titular sobre los concejales de Castelló y Púnica no debía ser fácil de digerir. Igual el cortado se agriaba.

Todo está pendiente ahora de lo que haga la alcaldesa, que registró una comparecencia propia para hablar de corrupción municipal, a raíz de todo este tema, para el mes de marzo. La casualidad, o es que tampoco aquí nada es casual, es que este pleno se celebrará el jueves 21 de marzo, día en el que la Audiencia Provincial debe decidir si acepta como pruebas los sobres aportados por el PP en el caso que afecta a Ali Brancal y Enric Nomdedéu. Una primavera, sin duda, animada.

Compartir el artículo

stats