El principal investigado en la causa de las facturas falsas de la Subdelegación del Gobierno de Castelló, el funcionario V. G., admitió ayer ante el titular del Juzgado Número 1 de la capital de La Plana, que se quedaba con el 30% del importe de las facturas emitidas por compras ficticias. El funcionario, el cajero del organismo público, estimó ante el magistrado el monto de esa apropiación de caudales públicos en beneficio propio en unos 200.000 euros. V. G., no obstante, precisó que actuaba solo y que no compartía esas ganancias ilícitas con nadie, según han asegurado fuentes judiciales de la investigación.
El alto funcionario de la Subdelegación, que llegó al puesto de cajero o tesorero de la institución pública en 2001, está suspendido de empleo y sueldo desde 2017, cuando comenzó la investigación judicial que persigue esclarecer esta trama de facturas falsas entre los años 2017 y 2017.
V. G. compareció en la mañana de ayer ante el magistrado instructor por segunda ocasión, habida cuenta que la pasada se suspendió su interrogatorio por falta de tiempo. Ayer, la juez, el fiscal y lo abogados de las partes interrogaron al funcionario por espacio de más de seis horas.
Las mencionadas fuentes señalaron que el funcionario admitió en todo momento los hechos y se mostró dispuesto a colaborar con la justicia, e insistió en que actuó sólo. Por tanto, corresponde ahora a la investigación aclarar cuál fue el origen del 70% restante de esas facturas falsas, es decir casi medio millón de euros más. Aunque la investigación policial ha cifrado, en una primera estimación en más alrededor de un millón de euros el alcance de la malversación.
V. G. también admitió que,en ocasiones, utilizaba la tarjeta de la Subdelegación para repostar los vehículos de su propiedad, reparaciones de talleres y compras de material en ferreterías, papelerías y tiendas de electrodomésticos de la ciudad.
Igualmente reconoció que se habrían producido cargos de gastos de protocolos a la partida de gastos electores. Aunque en este apartado indicó que esos «gastos sí eran reales».
Sobre los gastos de protocolo sobre los que la intervención del estado puso reparos, V. G. declaró que avisaba de este extremo, y que los dos subdelegados en el cargo en esa época (Antoni Lorenzo, del PSPV, y David Barelles, del PP) las conocían, pero no porque él se lo hubiera comentado directamente.
Otro imputado
El cajero también admitió que en algún caso aprobó el pago de algunas de esas facturas falsas a otro funcionario de la Subdelegación, igualmente imputado en el caso.
En este sumario, al margen de los dos funcionarios, están implicadas en calidad de investigadas otras 33 personas, entre ellas los mencionados subdelegados Antoni Lorenzo y David Barelles. El resto son empresarios y proveedores de la Subdelegación del Gobierno durante la época que abarca la investigación judicial.
El exsubdelegado Antoni Lorenzo comparecerá ante el juez, el próximo 25 de abril, mientras que el magistrado ha citado a David Barelles, para el próximo día 2 de mayo.
