Los sindicatos ven «ilegal» el nuevo convenio de colaboración entre la Diputación de Castelló, gobernada por el PP con mayoría absoluta, y el Consorcio de Residuos C3/VI que regula los pagos extras, en forma de productividades mensuales, a altos funcionarios de la corporación provincial por trabajos eventuales en los consorcios. Estos pagos que se vienen realizando desde hace 10 años a un total de 15 funcionarios, a una media de 120.000 euros al año, ya ha sido denunciados ante la Agencia Valenciana Antifraude, primero por el sindicato USO y, más tarde, el pasado 30 de octubre, por UGT.
El nuevo convenio entre la diputación y el consorcio se aprobó en el pleno de la institución provincial, celebrado el pasado martes, día 2, de este mes. El nuevo documento prevé que a partir de ahora los consorcios dejarán de pagar esas cantidades, que serán asumidas por la Diputación.
El punto número seis del convenio señala: «En base a los descritos antecedentes, mediante el presente convenio se posibilita, con carácter temporal, y hasta que el Consorcio C3/V1 se dote de personal con carácter permanente para el desarrollo de sus funciones y cumplimiento de sus fines, que, en función del principio de especialidad, los funcionarios públicos de la Diputación Provincial colaboren con el Consorcio de Residuos C3/V1, retribuyéndose prudentemente dicha colaboración por parte de la entidad provincial en la que prestan sus servicios, y siendo ésta, en tanto que se produzca, debidamente compensada por el Consorcio de Residuos».
Los sindicatos mantienen que esa fórmula también es ilegal. «La Diputación pagará a los mismos funcionarios la misma cantidad como una productividad mensual. Esto sigue siendo ilegal, pues las productividades no pueden ser periódicas en el tiempo, es decir mensuales, ni por un trabajo habitual, solo por cosas extraordinarias», explican.
La denuncia de UGT ante la Agencia Valenciana Antifraude incidía en que dichos funcionarios, a pesar de que luego la propia Diputación mostrase las autorizaciones del Pleno, estaba realizando una segunda actividad pública, prohibida por las leyes, y cobrando por ello directamente en sus propias cuentas corrientes. La Ley es clara al respecto, solo permite esta segunda actividad en la sanidad y docencia.
UGT asegura que, después de cinco meses, la Agencia no ha respondido y asegura que «desconfía del interés en investigar dicha denuncia, pues algunos de los altos funcionarios que controlan el sistema de pagos de los consorcios de residuos, tienen vinculaciones con altos cargos políticos de la Generalitat Valenciana, de la que depende la Agencia».
