El pasado 23 de septiembre José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, entregó al Ayuntamiento de Castelló un informe sobre las presuntas irregularidades en la gestión de las Fiestas en la época 2008-2016 que se ha quedado en el limbo siete meses después. Para el experto, las irregularidades detectadas por la comisión de investigación del ayuntamiento no contaban con la documentación adecuada para convertirse en indicios de delito penal, por lo que no cabía trasladar el expediente a la Fiscalía para que lo estudie. Eso sí, animó al equipo de gobierno, en manos de PSPV y Compromís, a encargar una auditoría oficial que aclarase la situación, pero con el mandato ya a punto de expirar, el consistorio ha optado por congelarlo.
El más crítico con la situación es Xavi del Señor, portavoz de Castelló en Moviment y presidente de la comisión que durante varios meses analizó las cuentas de la Junta de Festes, en especial durante la gestión de Jesús López, en la época del PP al frente del consistorio municipal. Para Del Señor, «la comisión de investigación de fiestas se cerró de una manera que no satisfizo a nadie», recalcando, en cualquier caso, que el catedrático González Cussac, en su informe, «nos dejó claro que para saber hasta donde llegaba el tema era necesario realizar una auditoría de esas cuentas; eso sigue encima de la mesa, insistimos en que vayan al Síndic de Comptes para presentar la solicitud, pero no hay interés», se lamenta.
Según el portavoz de Castelló en Moviment, «el gobierno municipal, aparentemente, quería llegar hasta el final tras las escandalosas declaraciones que escuchamos y tras el informe de González Cussac, pero que en todos estos meses, pese a preguntar y repreguntar, solo hayamos tenido el silencio por respuesta nos da a entender que las fiestas es un espacio complicado, suculento electoralmente, y lamentablemente han dejado las puertas abiertas a que algo así vuelva a suceder».
El dictamen del catedrático, entregado en septiembre a todos los grupos políticos, era claro. Desde el punto de vista jurídico, a juicio de González Cussac los hechos relatados por la comisión de investigación de Fiestas «no alcanzan la condición de indicios». Todo lo más, «explicitan posibles irregularidades que, quizás, pudieran constituir sospechas de comportamientos ilícitos» pero, no obstante, «muy lejos todavía de ser suficientes para emitir una evaluación fundada». Para González Cussac, «la generalidad, insuficiencia e imprecisión de los datos contenidos en las conclusiones de la comisión no permanente de investigación no permiten, por el momento, una estimación fiable de hipotéticas responsabilidades penales», por lo que «cualquier juicio emitido ahora resulta, en mi opinión, prematuro».
Por esta razón, el catedrático de Derecho Penal subrayaba que, siempre que se considere oportuno, «la recomendación sería profundizar en la recolecta de información y en la pertinente auditoría de toda la documentación obrante, incluida la contable». Y es que, pese a que González Cussac afirmaba que «solo es pertinente constatar una clara sucesión de irregularidades» y que «todavía es prematura una valoración penal», sí que consideraba que, «en caso de una investigación más rigurosa, profunda, extensa y acreditada quizás sería posible alcanzar una calificación de indicios procesales susceptibles de abrir una investigación criminal por los órganos competentes». En su día los tres partidos del Pacte del Grau -PSPV-Compromís y Castelló en Moviment- consideraron que había indicios de irregularidades en la gestión de las fiestas bajo el mandato del PP, pero el mandato acabará con el cierre en falso de la investigación.
