La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló en su escrito de acusación la inhabilitación por un periodo de hasta 10 años para los tres últimos alcaldes del Partido Popular de Cabanes, así como la pena de prisión para el arquitecto municipal Rubén Bellido por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias entre los años 2008 y 2013.
La solicitud del Ministerio Público forma parte del caso que se encuentra en manos de la justicia desde el año 2014, tras una denuncia interpuesta por el teniente de alcalde y senador de Compromís, Carles Mulet, contra Rubén Bellido y que después se extendió a los alcaldes.
Mulet explicó que su labor se centró entonces en trasladar sus sospechas al Ministerio Público: «Mi labor consintió en poner en conocimiento del Ministerio Público unas contrataciones sospechosas de estar fuera de la legalidad», aseguró, pidiendo también «máximo respeto al proceso y cautela».
«Hay que entender también la gravedad de las penas solicitadas, y enmarcarlas en una etapa negra de la historia reciente del municipio», añadió el teniente de alcalde.
En el escrito de acusación presentado en el juzgado, la Fiscal ve probada la adjudicación de contratos por valor de 211.115,84 euros al socio de despacho de Bellido, Juan Antonio Juncos, desde su entrada en 2007 como arquitecto municipal interino al Ayuntamiento de Cabanes.
Estos contratos, según la Fiscalía, fueron tramitados como contratos menores sin tramitación previa, sin expediente de contratación e incumpliendo el procedimiento preceptivo. En total fueron 28 trabajos entre los años 2008 y 2013 contratados por los entonces primeros ediles y con el visto bueno del Jefe de Urbanismo.
Delito de prevaricación
La Fiscal solicita para el exalcalde Artemio Siurana y el Jefe de Urbanismo, José Vicente Guimerá, la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de 10 años y el pago de las costas. Mientras, para los exalcaldes, también del Partido Popular, Paco Artola y Estrella Borrás, solicita una inhabilitación por un periodo de 8 años y 6 meses.
Por otra parte, para el arquitecto municipal Rubén Bellido, pide una condena de dos años de prisión y multa de 422.231 euros, así como la inhabilitación durante 6 años y el pago de costas, una pena similar a la solicitada para su socio de despacho, Juan Antonio Juncos.
A los diferentes acusados se les atribuye la presunta participación en un delito continuado de prevaricación y de tráfico de influencias.
Cabe destacar que aunque ninguno de los tres alcaldes continúa vinculado a la actividad política, el Jefe de Urbanismo, José Vicente Guimerá, y el arquitecto, Rubén Bellido, mantienen sus cargos públicos y las mismas funciones en el Ayuntamiento de Cabanes.
El delito de prevaricación solo puede seer cometido por quien ostenta una autoridad pública pero no conlleva pena de prisión.
