Solo once de los cuatrocientos sesenta y cuatro municipios valencianos que no disponen de Plan de Prevención Local de Incendios Forestales están en fase de tramitación del documento. Así lo ha reconocido la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, con datos actualizados a uno de este mes de abril, tras el nuevo requerimiento del fiscal Antonio Vercher, que ha colocado la lupa sobre ciento cincuenta y un consistorios españoles, cincuenta y tres pertenecientes a la Comunitat Valenciana. Ocho meses han pasado desde que la Fiscalía general de Medio Ambiente y Urbanismo alertara sobre la ausencia de esa planificación básica en la lucha antiincendios, con la que solo cuentan 61 localidades valencianas. De ahí el nuevo requerimiento, enviado a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el que se advierte de que su ausencia en caso de incendio comportará acciones penales.
El Ayuntamiento de València es uno de los señalados por el fiscal. Aunque elaboró en 2017 un plan de incendios y otro de inundaciones, no cuenta con el PLPIF, tal como reconocen fuentes municipales. Acto seguido aseguran que se está redactando desde la concejalía de Devesa- l'Albufera. «Queda muy poco para acabarlo», señalaban ayer desde la concejalía, insistiendo en que pese a no contar con él «el bosque de la Devesa es de los más protegidos de España». «En los tres últimos tres años gracias a todas las medidas no se ha producido ningún gran fuego», recordaban.
Los once con subvención
De las once localidades que pisaron el acelerador para disponer de sus PLPIF, seis son de Alicante - Dénia, Senija, Benidoleig, Xàbia, Teulada y Muro de Alcoi-, una de Castelló, que es Villanueva de Viver, y cuatro de Valencia (son Vilamarxant, Cofrentes, Canals y Navarrés). De ellas, un 36,4 % solo necesitan planes reducidos y todas tienen concedida la subvención que ofreció el departamento de Elena Cebrián. Dénia fue el primer ayuntamiento que registró su entrada en conselleria, mientras que el último en hacerlo fue Navarrés, el pasado 21 de marzo. Según ha podido saber Levante-EMV, son más los consistorios que ya han remitido sus planes a la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, tras aprobarlos en sesión plenaria pero no se ha iniciado su tramitación. Desde la dirección general se advierte de que algunos municipios han mejorado su solicitud con posterioridad a la fecha de entrada, como es el caso de Xàbia o Villanueva de Viver. «La norma no fija un plazo de resolución concreto», señalan desde conselleria.
Se da la circunstancia de que en ese listado de municipios a los que se sigue con especial atención, figuran Alcoi, Gata de Gorgos, Guardamar del Segura, Pedreguer, Ayora, Quatretonda o Simat de la Valldigna, con ayuda concedida por parte de Medio Ambiente. Es el caso también de Ontinyent o Monóver, con cantidades que oscilan entre los 4.000 y los 9.000 euros, pero también cifras menores como es el caso del Ayuntamiento de Sax, con 3.000 euros. Cruz Roja de Alicante, o Cruz Roja de Petrer también se han beneficiado de las ayudas para la prevención de incendios que abrió conselleria en febrero de 2018, por un valor de millón y medio de euros.
Solo 13 aprobados desde 2015
En febrero pasado, la dirección general de Prevención de Incendios remitió un escrito a todos los alcaldes y alcaldesas, apremiándoles a la redacción de esos planes locales, requiriéndoles para que «en el plazo máximo de un año procedan a iniciar el trámite para la aprobación correspondiente», y recordándoles que su incumplimiento supone «una infracción administrativa». De los 542 municipios de la Comunitat Valenciana, 17 no presentan terrenos forestales en sus términos municipales, lo que les hace estar exentos de su redacción. De los otros 525, solo 61 cuentan con PLPIF (11,62 %).
Desde junio de 2015 se han aprobado un total de 13 planes locales, aunque la obligación de contar con este documento se remonta al años 2005. Un total de 254 municipios han sido beneficiarios de las subvenciones y 64 quedaron en lista de espera, para los que Diputación estudia una partida, mientras que 6 desistieron en la tramitación. Desde fiscalía se explica que el expediente abierto desde julio de 2018 se ha realizado con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Meteorología, relativos a las zonas con mayor peligrosidad.
