La Asociación de Vecinos Sant Joan del Riu Sec de Castelló, integrada en el barrio Crèmor, parece dispuesta a llevar hasta los tribunales al ayuntamiento al considerar que el nuevo Plan General no cubre todas sus alegaciones y, además, puede incurrir en presuntas ilegalidades. Ya la pasada semana advirtieron de sus intenciones, pero ayer concretaron su postura con un escrito que se dirige directamente contra los 27 concejales del ayuntamiento.
Así, de cara al pleno extraordinario del próximo martes 30 de enero, en el que se votará y aprobará la nueva versión del Plan general Estructural (PGE) una vez resueltas las alegaciones, amenazan con emprender «acciones penales contra los representantes políticos que voten favorablemente o se abstengan» en la sesión plenaria, algo que parece que así harán los ediles de PSPV, Compromís y Castelló en Moviment. Y es que, a su juicio, estarían incurriendo en «un presunto delito de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones», según el escrito remitido ayer por la asociación vecinal que preside José Roger, quien también avanza que lo denunciará ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
Edusi
La asociación insiste, según el comunicado remitido ayer, en que el ayuntamiento «tiene comprometidos 10.100.000 euros del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (Fondos Feder) para la ejecución de las líneas de actuación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) de Castellón».
Con ello, señalan que las citadas denuncias se motivarían en que «en la Memoria de Ejecución de Edusi se han aplicado los fondos destinados en la Linea 6.2 (OE060502) -Acciones integradas de revitalización de ciudades y mejora del entorno urbano- y de la línea 9.1 (OEO90802) -Regeneración física, económica y social del entorno urbano- a obras de nueva planta que no se integrarían en dichas líneas de actuación, objetivos y criterios para la selección y priorización de operaciones, Anexo VIII de Manual de Procedimientos de la Edusi Castelló, ni en el art.8, 125 del Reglamento UE 1303/2015».
Esto es así, según la asociación, porque de aprobarse el Plan General en su versión actual «éste prevé como sistema de actuación los programas de actuación integrada para los sectores de viviendas que necesitan el complemento de algunos servicios urbanísticos en algunos casos, como el del Barrio del Crémor, en lugar de Plan de Reforma Interior, que posibilitaría legalmente la cofinanciación de dichas obras de renovación urbana con dichos fondos Feder conforme a los arts. 9.5.e), 14.c y 17.5.c) de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y la Lotup, tal y como les hicimos saber en nuestras alegaciones». Por ello, a su juicio el ayuntamiento, de aprobar el Plan General el martes, «se ataría las manos para destinar los fondos Feder a los fines para que se solicitaron».
Begoña Carrasco habla de un Plan General «sectario»
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Begoña Carrasco, lamentó ayer que la tramitación del Plan General «vaya a sumir de nuevo en un conflicto judicial al ayuntamiento». Así se pronunció tras reunirse con la asociación de vecinos Sant Joan del Riu Sec, «a la que el bipartito ha ninguneado, desestimando sus alegaciones al Plan General que defendían la protección de los masets». «Igual que en la Marjalería, la nueva ordenación del suelo que pretende aprobar in extremis, antes de las elecciones, el tándem PSOE y Compromís con el apoyo de Castelló en Moviment-Podemos, no contenta a los vecinos de Crémor, que temen que el barrio perderá su esencia al no proteger el patrimonio inmueble ni medioambiental», señala Carrasco tras reunirse con los residentes del barrio.