La administración pública es así. Lo que parece sencillo de realizar se enquista por culpa de la farragosa burocracia. Y es lo que le ocurre al bipartito en el Ayuntamiento de Castelló con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica a propósito de la Cruz de los Caídos en el parque Ribalta. Al equipo de gobierno (y muy especialmente a su portavoz, Verònica Ruiz, de Compromís) le hubiera gustado retirar el símbolo franquista en los días previos a la celebración de las elecciones locales del próximo 26 de mayo. Sin embargo, la realidad evidencia que habrá que esperar. Incluso, más de lo deseado.
Hace escasas semanas y ante la imposibilidad de acelerar el proceso administrativo, Ruiz se resignaba con la posibilidad de firmar el decreto de ejecución antes de concluir la presente legislatura. Como concejala delegada de Memoria Histórica asumía que las obras se iniciarían, presumiblemente, después del verano, teniendo en cuenta lo imperativo de una licitación y una posterior adjudicación.
«Mi intención es acabar la parte que genera controversia en la aplicación de la ley. Quiero dejar el trabajo finalizado [en alusión al decreto], porque me comprometí a ello», afirmó el 5 de abril en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local.
Pero ahora ya ni siquiera está claro que la edil pueda rubricar ese dictamen de autorización antes de finalizar mayo. El enésimo contratiempo estriba en la cantidad de alegaciones presentadas por asociaciones, partidos políticos y particulares, cuya cifra se eleva a 39 entre las que están favor (11) y las que rechazan la actuación (28). De esta cantidad, 17 incorporan una argumentación legal, esto es, las que tendrán que analizar y responder los técnicos jurídicos del ayuntamiento.
La complejidad de varios de los recursos (algunos con más de 12 puntos) dilatarán las resoluciones en el tiempo, de manera que aventurar una fecha ni siquiera está al alcance de la citada Ruiz.
Entre las alegaciones contrarias a la retirada de la cruz del parque Ribalta, aparecen una de la Asociación de Abogados Cristianos y otra del Grupo Municipal Popular. Además, «otras cuatro de personas individuales están argumentadas», explica la concejala.
Entidades y asociaciones
Respecto a los escritos que defienden la supresión del vestigio franquista, todos incorporan razonamientos jurídicos. Los más importantes corresponden a la Asociación Republicana Francesc González Chermá, Castelló en Moviment, Centre Excursionista de Castelló, Fundació Escola Valenciana, Col.lectius per la Llengua i la Cultura, Associació Familiars Víctimes del Franquisme del Cementeri de Castelló, Grup per la Recerca Memòria Històrica de Castelló, Intersindical Valenciana y Col.lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura.
Otra de las alegaciones pertenece a la plataforma Xarxa Cristiana, firmada por un particular como representante del colectivo.
A partir del próximo lunes, los técnicos municipales procederán a estudiar cada una de esas apelaciones. El tiempo que precisen para resolverlas determinará la firma del decreto, así como la posterior licitación de los trabajos. Eso sí, siempre que el dictamen resulte favorable acerca de la aplicación de la ley. En este supuesto, la adjudicación de los dos proyectos para retirar la cruz (el urbanístico y el arbóreo) se produciría en el último cuatrimestre de 2019.
