La cúpula nacional de Ciudadanos estrecha el círculo sobre la secretaria provincial de Ciudadanos, Sandra Julià, y la junta local de la capital, por su gestión en la elaboración de las candidaturas de Castelló y Borriana. Ambos colectivos se encuentran totalmente fracturados a solo un mes de las elecciones. Ciudadanos en la provincia es un polvorín que, además afrontará en pleno proceso electoral dos denuncias ante la fiscalía presentadas por los críticos de Castelló y Borriana.
Fuentes del partido aseguran que la dirección de Madrid está recabando información sobre el conflicto interno de Castelló. Su objetivo, según las mismas fuentes, pasa por intervenir y destituir a Sandra Julià por la «caótica» gestión que ha llevado a cabo en estos últimos tiempos, señalan. Julià repetirá de diputada nacional en la próxima legislatura. Rivera no podrá intervenir en este caso al ser el acta personal e intransferible, pero a nivel orgánico prepara cambios en Cs de Castelló en un intento de reconducir la situación.
El comité autonómico ya intentó pegar un cambio de timón en la confección de las listas municipales fichando a candidatos externos en Castelló y Borriana al no convencer el trabajo de sus agrupaciones. Dichas direcciones locales querían ser partícipes en las candidaturas. València acomodó a este sector colocando a Sandra Julià de uno en el Congreso, y a Merche Ventura y a la alcaldable en 2015, Cristina Gabarda, de uno y dos en las Corts. También fue designado un hijo del coordinador local Félix del Pozo en la lista del parlamento valenciano. De esta forma, València esperaba que el sector de Julià aceptara la candidatura pergeñada para el alcaldable elegido para la capital de la Plana, Jesús Merino.
Pero el grupo de Julià, Gabarda y Ventura no viraron su estrategia y aguardaron al último día del plazo para presentar sus propias candidaturas. Julià es la representante del partido en la Junta Electoral de Zona y, por tanto, es la única dirigente con potestad para registrar listas. Cambiaron a última hora la relación de nombres que habían propuesto Merino en Castelló y Mariola Aguilera en Borriana, siendo las que acabaron inscritas ante la Junta. Integrantes de las candidaturas descabalgadas llevarán a los tribunales a Julià por un presunto delito electoral al considerar que ha vulnera sus «derechos de elegibilidad». Aguilera presentó ayer su querella ante la fiscalía y el grupo de Merino lo hará antes del martes.
