Un nuevo mazazo del Jurado de Expropiación derivado de la gestión urbanística del Partido Popular obligará al Ayuntamiento de Vila-real a pagar, por el momento, al menos 1,9 millones de euros. Esta cantidad corresponde a la valoración hecha por los técnicos municipales de los terrenos del último paquete de resoluciones, que podría incrementarse hasta los 3,7 millones en los que el Jurado ha valorado las fincas.
«Se trata del último paquete de expedientes que estaba en el Jurado de Expropiación pendiente de resolución», explica el alcalde, José Benlloch, quien ayer dio cuenta de este nuevo golpe a la economía municipal. Los propietarios de los terrenos -correspondientes a solares del CTE, los accesos al Centro de Congresos o el jardín Jaume I, todos ellos en operaciones urbanísticas de los años 2009 y 2010- reclamaban 8.554.904 euros, frente a los 1,9 millones de la valoración municipal. Finalmente, el Jurado de Expropiación ha estimado el valor de los terrenos en 3,749.785 euros.
«Aunque vamos a recurrir para defender, como siempre hemos hecho, hasta el último euro de los vila-realenses, lo que queda fuera de toda duda es que esos 1,9 millones de euros en los que los técnicos municipales han valorado los solares vamos a tener que pagarlos en un plazo de seis meses, con lo que, una vez más, los empastres y el casino urbanístico del PP van a poner en serias dificultades las arcas municipales», lamentó Benlloch.
La primera de ellas, en la distribución de remanentes anunciada por el primer edil la semana pasada -en la que se incluyen fondos para el banco de pisos sociales o una furgoneta para Càritas, entre otros gastos sociales y para entidades- que, a la luz de estas resoluciones, contaría con reparos de Intervención.
«Quiero lanzar, en cualquier caso, un mensaje de optimismo. Porque, a pesar de los 25,2 millones de euros que hemos tenido que pagar en empastres del PP y los 50 millones de riesgo que todavía tenemos, según la auditoría externa, hemos logrado que Vila-real avance, colaborando con las empresas locales y con la sociedad civil, en un proyecto de ciudad compartido que nos ha llevado a ser durante nueve meses consecutivos la ciudad de la Comunitat Valenciana con menos paro», valoró Benlloch.
«Con este nuevo mazazo urbanístico, por ocupaciones ilegales de hace 10 años, Vila-real va a tener que pagar nuevamente por lo que otros gestionaron de manera nefasta, dejando en graves dificultades a la ciudad. Nunca hemos puesto en cuestión el derecho de los propietarios a cobrar por sus tierras, pero sí hemos defendido siempre los intereses de la ciudad buscando acuerdos y peleando cada euro, lo que nos ha permitido ahorrar hasta 8 millones de euros», concluyó.
