El Defensor del Paciente ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un presunto error médico que acabó en la amputación de una pierna de un bebé prematuro en el Hospital General de Castelló. El bebé, que sufre parálisis cerebral, fue gestado mediante fecundación in vitro, y nació con 25 semanas de gestación, el pasado 6 de agosto de 2013.

Los padres del bebé presentaron inicialmente una demanda por la vía administrativa contra el centro hospitalario reclamando una indemnización, que fue desestimada.

Seis años más tarde los progenitores del niño han optado por poner en conocimiento su caso a la entidad denominada El Defensor del Paciente, que preside Carmen Flores, y que tiene su sede en la capital de España. En sus escrito al Defensor del Paciente, los padres insisten en que pudo haber negligencia en el tratamiento médico que recibió su hijo tras nacer y que desembocó en la amputación de una pierna, diez centímetros por debajo de la rodilla. Los padres también apuntan en su denuncia otras posibles negligencias como la presunta administración de un fármaco caducado o malas praxis sanitarias, «en los tres meses que estuvimos en el hospital hemos visto enfermeros manipulando a nuestro hijo sin desinfectarse las manos», precisa el escrito.

El Defensor del Paciente remitió ayer un escrito a la Fiscal Superior del TSJ, María Teresa Gisbert, con la denuncia de los padres y solicitando la apertura de una investigación. «Nos dirigimos a Vd. Para solicitarle una investigación de oficio sobre el caso que adjuntamos y que nos parece gravísimo y el daño producido a un bebe prematuro y sobre todo los errores de bulto que se han producido con él, como la amputación de una pierna hasta la rodilla o darle un fármaco caducado un mes, a lo que el médico le dijo que no tenia importancia y que se podía utilizar. Como quiera que el relato de es muy claro le pedimos encarecidamente que la investigación para depurar las responsabilidades penales a que hubiera lugar en este penoso caso con el resultado de un bebe con una pierna amputada y mas de un 80% de discapacidad», dice el texto.

«Por otra parte, nuestra solicitud la fundamentamos en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que, por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público, a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal», añade el escrito.