El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Castelló decidió prorrogar la complejidad la causa que investiga los modificados de las facturas de la Subdelegación de Castelló y alarga la investigación durante 18 meses más, en concreto, hasta el 6 de noviembre de 2020, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Así mismo, este magistrado dictaminó la suspensión de la declaración como investigado David Barelles, subdelegado del Gobierno durante los gobiernos de Mariano Rajoy desde 2011 hasta 2018. La defensa de Barelles alegó problemas de agenda por otro señalamiento judicial y la declaración que debería haberse producido este jueves, 2 de mayo, se suspende, por tanto, hasta el 16 de mayo.
Cabe recordar que tras la declaración del principal acusado en esta causa, un funcionario que tenía asignado el control de la caja de gastos, el Juzgado de Instrucción número 1 de Castelló citó a declarar en calidad de investigado a David Barelles, del Partido Popular, en el marco de la causa abierta en 2017 por una supuesta trama de facturas falsas en esa administración. El magistrado le atribuye inicialmente la comisión de delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.
En la misma providencia, el juez reclamó a la Subdelegación del Gobierno en Castelló que aportara copias de las agendas de ambos ex subdelegados y de las facturas por comidas en las que intervino Barelles en virtud de su cargo, junto con las diligencias de conformidad que él mismo suscribió a tales efectos.
La pasada semana compareció el otro subdelegado investigado en esta supuesta trama. Se trata de Antonio Lorenzo, que ocupó el cargo entre 2007 y 2011 bajo el mandato en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE.
En este sentido, Lorenzo aseguró que nunca había ordenado ni indicado a ningún funcionario que incluyera en las facturas conceptos diferentes de los que figuraban en ellas y se mostró dolido por la falta de lealtad a la institución del principal acusado.
Es necesario apuntar también que el caso fue denunciado en un principio por David Barelles en agosto de 2017 al detectar facturas por consumo de combustible en un vehículo oficial aparcado en el garaje sin batería y durante el periodo de vacaciones del propio subdelegado.
La causa se instruye en la actualidad contra 35 investigados, entre los que se encuentran dos funcionarios de institución, los dos subdelegados de la época que se investiga, desde 2007 hasta 2017, y 31 empresarios y proveedores de la Subdelegación del Gobierno en Castelló, investigados como colaboradores necesarios o implicados en los desvíos de fondos.
El PP como acusación popular
La formación conservadora instó su entrada en la causa pocos días antes de la imputación de David Barelles como investigado en la misma, al objeto de «contribuir en la defensa de los legítimos intereses de los castellonenses, con el objetivo de contribuir a la recuperación del dinero presuntamente defraudado».
En este sentido, el magistrado impuso a la formación una fianza de 3.000 euros antes de autorizar su personación, tal y como recoge la legislación vigente. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana informó que el PP ya ha depositado esta fianza y que, de hecho, la letrada que asiste a la formación conservadora ya estuvo presente en la declaración de Antonio Lorenzo ante el juez el pasado 25 de abril. Cabe apuntar que se ha personado en la causa el Partido Popular de Castelló, no el provincial.
