Este año 2019 la festividad del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, se desarrolla en un contexto diferente. Las reivindicaciones no varían, ya que esta jornada sirve para reclamar más si cabe un puesto de trabajo y un salario digno para cada persona, además de igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. No obstante, las circunstancias cambian. La singularidad reside en que se celebra entre dos procesos electorales: el ya finalizado de comicios para el Congreso, el Senado y Les Corts, y el del 26 de mayo, en que votaremos las listas a las alcaldías y al Parlamento Europeo.

El Primero de Mayo tiene lugar en un ambiente de papeletas, voto, campañas y, en definitiva, de apuntalar la palabra democracia con todas sus connotaciones. Practicamos la acción de sufragar y de escoger a las personas que queremos que nos representen. Los partidos que desean concurrir plantean durante estas semanas sus propuestas, sus candidatos y, de entre ellos, escogemos a quienes nos parecen más adecuados para gobernar. Todo dentro de una lógica que tenemos asumida y que, por desgracia y aunque resulte sorprendente, no se traslada a otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, al sindical. En efecto, mientras que para obtener representación en los diferentes parlamentos hace falta superar la barrera del 3 o del 5% de votos, según comunidades, en las elecciones sindicales una obsoleta legislación obliga a alcanzar el 10% para formar parte de la mesa general de negociación. El anacronismo que se traduce en falta de pluralismo, con el objetivo de acorazar a dos sindicatos de clase concretos, se percibe también, por ejemplo, en que la Ley de Participación Institucional de la Generalitat únicamente contempla y beneficia a esas dos fuerzas sindicales y excluye al resto. De poco ha servido que la mayoría de partidos con representación en Les Corts haya tratado, a propuesta de CSIF y de otros sindicatos, de cambiarla. Se ha topado con un Consell que ha decidido mantener esa desigualdad de trato. Esta situación se percibe en muchas otras circunstancias, como en la imposibilidad legal de realizar preaviso electoral en las empresas donde no está representado un sindicato, o como que a las dos fuerzas sindicales de clase antes aludidas les contabilicen hasta 80.000 delegados fantasma, elegidos en su tiempo en empresas que ya no existen pero que, a efectos sindicales, siguen computando. ¿Qué pensaríamos si hubiera diputados que cuatro años después de haber expirado su mandato siguieran apareciendo como parlamentarios a todos los efectos? ¿O que nos parecería que a un partido con un 8% de votos en una circunscripción electoral una ley desfasada le impidiera obtener representación?

Nos chirriaría, verdad. Sobre todo en una sociedad como la que vivimos, que reclama pluralismo, diversidad, poder opinar, que se la escuche, que se respete la diferencia. Todo esto, en definitiva, es también lo que pedimos para el ámbito sindical. Reivindicamos una Ley Orgánica de Libertad Sindical que simplemente permita concurrir en igualdad y que no imponga unas condiciones draconianas para la inmensa mayoría de sindicatos a la hora de participar y competir en unas elecciones. La sociedad exige, con su voto y con sus manifestaciones, que los partidos lleguen a entendimientos, que negocien, que avancen. Se ha cansado de imposiciones y falta de empatía. Esto mismo sucede en el contexto sindical, donde centrales como CSIF han cuadruplicado su representación en el ámbito privado en la última década. Los trabajadores, cada vez más, reclaman sindicatos independientes, profesionales, transparente y útiles.

Este Primero de Mayo constituye una buena ocasión para reivindicar mejoras en el trabajo, en las condiciones en las que se desarrolla, en la igualdad a su acceso. Y también supone una oportunidad para pedir ese mismo avance en la representación de los trabajadores. Para exigir una Ley Orgánica de Libertad Sindical adaptada a las demandas de una sociedad desarrollada, que pide que la democracia real se extienda a todas las facetas.