Una mujer y sus dos hijas son desahuciadas en el Grau de Castelló

La Policía Nacional procedió a abrir a la fuerza la puerta de acceso al porche y la vivienda. Acudieron unos diez agentes de la Nacional y otros diez, aproximadamente, de la Policía Local. En el interior de la casa estaban la mujer y su hija mayor (la pequeña estaba en el instituto) y ambas salieron con sus pertenencias en bolsas entre llantos y gritos. Según explicaron desde la CAT, el lanzamiento sería «ilegal» ya que la hipoteca «fue vendida por el banco a inversores institucionales». «Si la han vendido, la deuda ya no la tienen ellos y no pueden instar al lanzamiento como acreedor de la deuda porque no lo son».

La mujer declaró que se enteró de que ya no tenía casa cuando fue a pagar el recibo de la contribución y ya no aparecía como propietaria. Además, señaló que sufre fibromialgia y no tiene trabajo fijo para poder hacer frente al alquiler de otra vivienda. Desde servicios sociales le han ofrecido una alternativa habitacional hasta que puedan ubicarlas en un piso puente de manera provisional. Asimismo, el expediente se remitirá a la Concejalía de Vivienda para ayudarles a contar con una casa definitiva.

Los problemas con la vivienda surgieron, tal como relató la afectada, en el año 2014 cuando, tras su divorcio, ya no pudo hacer frente a la cuota de la hipoteca que, por la firma de un préstamo puente que supuestamente hizo su exmarido, pasó de pagar 300 a 800 euros. Además, no tiene trabajo fijo, según dice la afectada.

Pidieron una moratoria

Desde entonces, ha sufrido dos intentos frustrados de desahucio, uno en 2015 y otro en 2017, y el de ayer que sí se llevó a cabo. La desahuciada asegura que ha presentado una moratoria en el juzgado de instancia número 9 de Castelló y que no ha recibido respuesta. Además, el pasado viernes y el lunes acudió a Servicios Sociales del Grau para solicitar un informe de vulnerabilidad con el que poder paralizar el lanzamiento. A este respecto, fuentes municipales aclaran que, efectivamente, la afectada estuvo en Servicios Sociales «preguntando por un tema relacionado con la vivienda» y que fue derivado a la concejalía correspondiente, «con la que tenía prevista una reunión para esta semana». Además, las mismas fuentes aclaran que desde 2016 «esta familia no ha contactado con Bienestar Social y que, por tanto, no conocían la situación de la familia y tampoco han podido hacer un seguimiento o buscar alternativas en este tiempo porque no había contacto». No obstante, en cuanto tuvieron conocimiento ayer por la mañana del caso «se buscó una alternativa habitacional urgente y se les dará también una vivienda temporal y se trasladará el expediente a la concejalía de Vivienda», apostillaron fuentes municipales.

Su hija mayor mostró su «decepción» con el sistema judicial y la administración asegurando que «cualquier persona con dos dedos de frente no echa a una familia que no tiene donde ir, mi madre está enferma y mi hermana es menor de edad». Desde la CAT hicieron hincapié en el «incumplimiento» de la Ley 1 de de 2013 para la protección a los deudores hipotecarios y que establece que no se procederá el lanzamiento en el caso de menores o familias monoparentales, según recoge en su artículo 1 de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.