El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ha asegurado este jueves que el caso del Bar España que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital de La Plana es una "canallada" que "no me afecta solamente a mí, sino que afecta a otras personas y lleva más de 20 años", y espera que, "de una vez por todas, la Fiscalía y la Justicia española tomen medidas contra esta gente que se permite el lujo de hacer este tipo de fábulas, de mentiras y de canalladas".

Fabra se ha pronunciado así ante los medios tras comparecer en el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, que le citó como posible perjudicado en unas diligencias abiertas en 2016 para hacerle el correspondiente ofrecimiento de acciones, y en las que figuran 20 investigados por injurias, calumnias y contra la Administración Pública en relación al caso del bulo del Bar España.

Según han apuntado fuentes jurídicas, el caso comenzó hace años cuando una persona empezó a difundir por redes sociales un bulo sobre la existencia de una posible red que abusaba de menores en la que se implicaba a personas con notoriedad, bulo del que también continuaron haciéndose eco otras personas.

Fabra ha subrayado que en el juzgado le han preguntado si estaba enterado de todo y ha respondido que sí, y ha anunciado que "por supuesto" se va a personar en el caso. Según ha dicho, ahora esperará la resolución de la jueza instructora y después sus abogados procederán.

Preguntado sobre si pedirá alguna indemnización económica, ha indicado que "eso no es lo más importante", y que lo que quiere pedir es que Google "borre absolutamente todas las referencias a este caso". "Llevo 25 años aguantando este caso, que un sinvengüenza se inventara una canallada como esta, en la que ha implicado a mucha gente decente, normal, que no tiene nada que ver con toda esta historia", ha concluido.

El total de posibles perjudicados por estos hechos se eleva a 17, entre los que se encuentran, además de Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; la vicepresidenta del Consell en funciones, Mónica Oltra; y la consellera de Justicia en funciones, Gabriela Bravo.