La fiscalía de Castelló ha abierto diligencias para esclarecer si se produjo un supuesto delito de coacciones en el proceso de elección de las candidaturas de Ciudadanos en la capital de la Plana y Borriana, tal como han denunciado los integrantes de las listas descartadas. No obstante, desde del ministerio público puntualizan que este proceso se dirime al margen del sistema electoral y que no afecta a las candidaturas oficiales a la hora de presentarse en las elecciones. Explican que la impugnación de las mismas depende de la Junta Electoral y no de los tribunales. Y este organismo ya ha derivado el asunto a la propia fiscalía en el caso de Borriana, un camino que parece que también repetirá en la capital de la Plana, con lo que las candidaturas aprobadas podrán concurrir el 26M.
La fiscalía ha iniciado la investigación en base a las denuncias trasladadas por integrantes de las listas alternativas que encabezaban Jesús Merino y Mariola Aguilera en Castelló y Borriana, respectivamente, y que fueron frustradas por las direcciones locales, con el amparo de la secretaria de Organización provincial, Sandra Julià. En ambos casos, los denunciantes advierten que las organizaciones locales han incumplido las normas de Ciudadanos al aprobar candidaturas diferentes a las previstas por Merino y Aguilera, cuyos liderazgos habían sido refrendados, afirman, por el Comité Nacional del partido. Fuentes de la fiscalía señalan que analizarán la posible comisión de los delitos de coacciones que alertan los grupos de Merino y Aguilera.
Respecto a la situación de Castelló, el fiscal ha atendido una primera denuncia que presentó el sector de Merino contra los miembros de la junta local y los dos representantes de la formación ante la Junta Electoral (Sandra Julià y Domingo Vicent), quien alentaron otras candidaturas. En la misma se advierte que la actuación de la junta local, Julià y Vicent «podría ser constitutiva de un delito de coacciones, ya que al confeccionar otra lista fuera de la normativa interna del partido han atacado directamente a mi voluntad de participar como elegible en las elecciones municipales y en la provincia de Castelló». Ayer, el grupo de Merino secundó una segunda querella, dirigida esta vez contra los 27 miembros de la candidatura oficial de Alejandro Marín-Buck más los cuatro suplentes, en la que también aborda un presunto delito de coacciones.
Esta segunda querella asegura que los candidatos de la lista elegida, «a sabiendas de que integraban una lista alternativa, no oficial, no presentada para su aprobación en el periodo habilitado por la normativa del partido, ni aprobada por los órganos competentes de Cs, con ánimo de limitar su libertad y derecho al sufragio pasivo y el derecho de los ciudadanos a votarles, se han prestado a ello dando su consentimiento para conformar la lista electoral». El mismo grupo formalizó ayer otro escrito ante la Junta Electoral de Zona en el que alerta de «graves irregularidades».
En Borriana, Aguilera denunció hace dos semanas a la lista oficial de Cs en la localidad y a Sandra Julià ante la fiscalía y dio también aviso a la Junta Electoral. Esta última es la que tiene potestad para impugnar las candidaturas del 26M y en Borriana no impide la presentación de la lista y ha decidido remitir el caso a la fiscalía. En Castelló, si repite este patrón, llevará el asunto a la justicia. De esta forma, las propuestas electorales de Ciudadanos tendrán el camino libre para presentarse a las próximas elecciones.
