17 de mayo de 2019
17.05.2019

El exsubdelegado David Barelles tilda de 'maraña' el caso de las facturas falsas

El excargo del PP se desvincula de la trama en su declaración como investigado ante el instructor

16.05.2019 | 22:49

David Barelles, exsubdelegado del Gobierno en Castelló, del PP, se desmarcó ayer de la trama de las facturas falsas descubierta en ese organismo público, cuyo alcance podría llegar al millón de euros. Barelles, que ocupó el cargo entre 2012 y 2018 declaró, en calidad de investigado, ante el juez que dirige la investigación de los hechos, ocurridos entre los años 2007 y 2017. El juez indaga si existió una malversación de fondos públicos en el pago de facturas por parte de la Subdelegación de Castelló a empresas proveedoras.

Al término de su declaración ante el titular del Juzgado número 1 de Castelló, Barelles manifestó a los periodistas que «todo ha ido bien», al tiempo que expresó su voluntad de «que todo se cierre pronto y salgamos de esta maraña que tenemos aquí metida», según informó la agencia Efe.

El exsubdelegado Barelles precisó que respondió a las preguntas que le formuló el juez, el ministerio fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación particular, aunque eludió comentar los destalles de sus respuestas.

No obstante, otras fuentes de la investigación han señalado que el exsubdelegado aseguró no tener conocimiento de ningún cambio en los nombres de los personas incluidas en algunas facturas de comidas de las institución objeto de la investigación y aseveró que todas esas comidas estaban justificadas desde el punto de vista del interés de la institución. También indicó que desconocía la inclusión de algunos de esos recibos en la partida de gastos electorales.

La investigación policial comenzó a raíz de una denuncia de la secretaria del organismo. El principal investigado en la causa es un cajero de la institución, V. G. En declaración ante el juez admitió, que se quedaba con el 30% del importe de las facturas emitidas por compras ficticias y estimó ante el magistrado el monto de esa apropiación de caudales públicos en beneficio propio en unos 200.000 euros. V. G., no obstante, precisó que actuaba solo y que no compartía esas ganancias ilícitas con nadie, según aseguraron fuentes judiciales de la investigación.

El alto funcionario de la Subdelegación, que llegó al puesto de cajero o tesorero de la institución pública en 2001, está suspendido de empleo y sueldo desde 2017, cuando comenzó la investigación judicial.

Entre los investigados en este sumario también figura el exsubdelegado del gobierno Antoni Lorenzo, del PSPV, que ejerció el cargo entre 207 y 2011. Lorenzo mantuvo ante el juez que «nunca en su trayectoria había insinuado sugerido o dado instrucciones» para poner en una factura o en la documentación que le acompaña datos ficticios.

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