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Ciudadanos incumple su código ético al mantener a Gabarda como diputada

La parlamentaria de les Corts está condenada por injurias graves a Miguel Barrachina (PP) aunque la sentencia no es firme

La X legislatura en Les Corts se inicia para Ciudadanos con un espinoso asunto por resolver, como es el caso de la condena a su diputada por Castelló, Cristina Gabarda. La parlamentaria, que concurrió en estas elecciones autonómicas como número dos de la formación por Castelló, ha sido condenada por un delito de injurias graves con publicidad por compartir un 'meme' de Miguel Barrachina en plena campaña de las elecciones generales de 2015.

En el montaje publicado Facebook el último viernes de campaña aparecía una imagen de Miguel Barrachina «tras las rejas de una prisión con vestido de recluso», tal y como recoge la sentencia como hechos probados, que la ahora diputada recibió a través de la aplicación de mensajería Whatsapp. Gabarda publicó ese montaje y añadió a un texto en el que decía: «Así es cómo la vieja política empieza a ordenar la ciudad, la provincia. Aunque intenten desacreditar nuestro trabajo, los hechos demuestran más que las palabras...Nuestra ilusión hoy es más fuerte». La imagen también incluía un texto en el que, en letras rojas, se podía leer: «Miguel Barrachina, imputado por corrupción».

Cabe recordar al respecto que Barrachina, en aquel entonces vicepresidente de la Diputación de Castelló y por tanto compañero de la también diputada provincial, Cristina Gabarda, no ha sido imputado en ningún caso de corrupción y en la actualidad preside el Partido Popular de Castelló y es, otra vez igual que la política de Ciudadanos, diputado autonómico en Les Corts.

En la vista oral, Gabarda alegó que el mensaje estuvo publicado en la red social durante cuatro minutos y que se disculpó con Barrachina por teléfono tras una secuencia de llamadas entre una asesora de prensa, un periodista de Levante de Castelló que vio la publicación y el propio dirigente popular. Aunque también admitió Gabarda que la disculpa se realizó en el ámbito privado y no en las redes sociales. Durante la tramitación judicial Miguel Barrachina ofreció a Cristina Gabarda retirar la demanda si accedía a publicar un comunicado de disculpas, extremo que siempre fue rechazado por la diputada de Cs.

Sentencia

Al respecto, la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Castelló considera a Cristina Gabarda culpable de un delito de injurias graves con publicidad y, a pesar de que estima una rebaja en la condena por dilaciones indebidas, impone a la diputada una multa de 2.880 euros y le obliga a indemnizar a Miguel Barrachina con 1.500 euros por daño moral y publicar en Facebook durante un mínimo de 48 horas el fallo la sentencia para limpiar el honor de su ahora compañero en Les Corts.

La sentencia fue notificada el 17 de mayo, un día después de la composición de Les Corts y de que Cristina Gabarda tomara su acta de diputada. Según apuntan fuentes de la formación, la sentencia ha sido recurrida, por lo que todavía no es firme.

Código ético

No obstante, el código ético por el que se rige Ciudadanos impide incluso que Cristina Gabarda concurriera a las elecciones, como es el caso. Es más, debería haber puesto su cargo a disposición del partido como diputada provincial y concejal del Ayuntamiento de Castelló tras el auto de apertura de juicio oral, sucedido en el verano de 2018.

Tras diversos recursos por el archivo inicial de la causa, la Audiencia Provincial descartó que existiera un delito de calumnias, ya que en el 'meme' no se le atribuía ningún delito concreto a Miguel Barrachina, pero sí que se daban las circunstancias definidas en el delito de injurias graves con publicidad.

En este sentido, el código ético establece que «los representantes institucionales y los cargos orgánicos del Partido deberán poner su cargo, y en su caso el acta, a disposición del Comité Ejecutivo» en tres supuestos. Al respecto, los supuestos indican que debería dejar el cargo «si resultare acusado por el Ministerio Fiscal por la comisión de cualquier delito», «si fuere investigado, aún sin acusación, en el transcurso de una investigación judicial, tratándose de un delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal» y «en todo caso, si fuere condenado, en cualquiera de los dos supuestos anteriores».

Así pues, de este código se entiende que Gabarda incurre en dos de los supuestos. Es decir, está acusada por el Ministerio Fiscal de un delito, injurias graves con publicidad, y, además, ha sido condenada por ello.

Antecedentes

Al respecto, la formación que dirige Albert Rivera observa un precedente cercano en el caso de Jordi Cañas, en la actualidad candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas y que esta misma semana ha estado en un acto de campaña en Vila-real acompañado precisamente de Cristina Gabarda y otros cargos a nivel provincial y autonómico. Cañas renunció a su escaño en el Parlament de Catalunya en abril de 2014 tras su imputación por parte del Tribunal Superior de Catalunya por un presunto delito de fraude fiscal. Finalmente, en febrero de 2018, el Juzgado Penal número 25 de Barcelona le absolvía de un delito por el que el Ministerio Fiscal no le acusaba pero sí la Abogacía del Estado, la cual pedía una pena de dos años y medio de prisión. Tras esta sentencia absolutoria, Jordi Cañas anunció que volvía a la política y el partido le ha situado en el número 6 de su candidatura europea.

Más allá, el código ético de Ciudadanos establece que los representantes institucionales y los cargos del partido «están obligados a mantener una perfecta honradez y probidad en su conducta».

De esta manera, vistas las circunstancias, quedó a criterio de Cristina Gabarda el haber puesto su cargo a disposición de la Comisión Ejecutiva cuando fue acusada por el Ministerio Fiscal y depende ahora de ese mismo órgano pronunciarse sobre si la condena, aunque no firme, por un delito de injurias graves con publicidad motiva la devolución del acta de diputada autonómica. En segundo plano queda también a criterio de la formación si este comportamiento de la diputada corresponde a la conducta de «perfecta honradez».

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