La retirada de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta de Castelló tendrá que esperar. La concejala de Cultura en funciones, Verònica Ruiz, ha firmado un nuevo decreto para suspender todo el procedimiento iniciado el pasado mes de marzo para eliminar el monumento franquista. Y lo hace obligada por el auto del Juzgado de lo contencioso número 1 de Castelló, que decidió el pasado 26 de marzo la suspensión cautelar de la eliminación de la cruz a la espera de resolver todo el procedimiento.
El nuevo decreto, notificado ayer a los grupos municipales, está firmado el 24 de mayo y viene avalado por un informe del Secretario General de la Administración Municipal, en el que se concluye que «procede acordar la suspensión del procedimiento tramitado por la concejalía delegada de Cultura al objeto de proceder a la retirada del monumento de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta», todo ello «en cumplimiento del Auto 80/2019 del 26 de marzo de 2019 del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Castelló en tanto no se modifique o se revoque su contenido».
Desde Cultura, gestionada por Compromís, se había marcado el reto de eliminar este vestigio franquista, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, antes de que acabase el actual mandato, pero la burocracia por un lado y los recursos y alegaciones por otro la han dejado ahora en punto muerto y, en la práctica, pendiente de que el futuro gobierno municipal que se forme tras las elecciones el 26 de mayo retome o descarte el proceso.
Fue el pasado 22 de marzo cuando la Junta de Gobierno aprobó el decreto -firmado dos días antes- para iniciar los trámites de retirada de la cruz. Esto suponía abrir un trámite de audiencia, por espacio de 15 días, para que cualquier persona o colectivo examinase el expediente y presentase las alegaciones oportunas. No hubo que esperar muchos días para ello ya que la consecuencia, casi inmediata, fue la plasmación de un recurso contencioso por parte de la asociación de Abogados Cristianos, que consiguió que el juzgado, con fecha 26 de marzo, estimase la «medida cautelarísima» de suspender toda acción dirigida a eliminar el monumento hasta tener una resolución definitiva.
Abogados Cristianos presentó su recurso centrado sobre todo en frenar la partida presupuestaria -unos 80.000 euros- que se había reservado para esta actuación». Con ello, el juez, para justificar su auto, recogía que «si no se suspende el derribo de la cruz perdería objeto el procedimiento ordinario, que se encuentra en trámite en este juzgado, siendo que en este caso se produciría un perjuicio, pudiéndose ver conculcados los derechos e intereses legítimos de terceros, quienes pretenden el mantenimiento de dicho símbolo en un sitio emblemático de la ciudad, aun cuando hay que partir de la presunción de la legalidad del acto que se está ejecutando». El proyecto de demolición, al margen de su procedimiento judicial, había recibido 39 alegaciones, de las que 11 estaban a favor de retirad el vestigio franquista y otras 28 en contra. No obstante, todo este apartado queda en nada al suspenderse la suspensión de toda la tramitación mientras se resuelve el tema en los juzgados.
La cruz fue erigida en 1944 para ensalzar a los caídos del bando franquista, aunque con la llegada de la democracia se eliminaron las referencias a la dictadura. Pese a ello, diversos informes de expertos han seguido remarcando el contenido de exaltación a Franco. La zona ha sido objeto de ataques vandálicos durante los últimos meses. Ayer mismo, por ejemplo, aparecía con desperfectos en parte del muro que rodea la cruz.
