Los desahucios siguen siendo un drama en Castelló. Los últimos datos facilitados ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) arrojan un balance desolador: una media de tres lanzamientos al día en el primer trimestre del año. En concreto, se registraron 263 desalojos de viviendas y entregas de fincas rústicas o urbanas. Se calcula que el 60 por ciento, 158, corresponden con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) por impagos de alquiler.
La cifra apenas supone una variación con respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior: durante el primer trimestre del año 2018 hubo 264 lanzamientos, uno más que este primer trimestres del año en curso. No obstante, si se toma como referencia el año 2017, la provincia ha registrado un descenso de un 20 por ciento. Estas cifras corresponden a lanzamientos practicados.
Las cifras se extraen del informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales», que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hizo público ayer y en el que recoge la actividad de los juzgados de lo Social y juzgados de lo Mercantil, encargados de tramitar los despidos, los concursos de acreedores, las reclamaciones de cantidades, monitorios, lanzamientos y embargos.
Uno de los últimos desahucios llevado a cabo en la provincia fue el de una madre y sus dos hijas, una de ellas menor de edad, en el Grau de Castelló. Era la tercera vez que se personaban para ejecutar el desalojo. En las dos primeras, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Castelló, los Iaioflautas de Castelló y la Comunidad de Activos Titulizados (CAT) consiguió parar el desahucio. No obstante, el pasado 6 de mayo la presión de las plataformas fue en vano. Desde el Ayuntamiento de Castelló se les facilitó una solución habitacional.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Castelló, Nicole Tudorache, explica que uno de los principales problemas a los que se enfrentan para frenar un desahucio es la falta de negociación por parte de los bancos. «Son muy cerrados», aseguran. A ello se suma, según la portavoz de la PAH, la «lentitud» en tramitar certificaciones y ayudas en el departamento de Servicios Sociales. Tudorache asegura que este mes hay previstos «varios desahucios» de personas especialmente vulnerables y que no sabe cómo paralizarlos. Con todo, destaca que el pasado 31 de mayo consiguieron que el banco dejara a un hombre de 63 años permanecer en su local, «ni siquiera es una vivienda» y no lo echara a la calle. «A este respecto he de reconocer que Servicios Sociales agilizó los trámites y logramos posponer el desalojo un mes», dice.
Más datos
En toda la Comunitat Valenciana, el número de lanzamientos practicados durante el primer trimestre de 2019 por los Juzgados de Primera Instancia fueron 2.119, tan solo un 0,1 por ciento más que los registrados en el mismo trimestre de 2018. Los lanzamientos practicados en procedimientos de ejecución hipotecaria en la Comunitat Valenciana alcanzaron los 787 entre enero y marzo de este año, un 8,7 por ciento menos que un año antes (862).
En el conjunto de España, el número de lanzamientos totales entre enero y marzo de 2019 fue de 15.559, lo que supone un descenso global del 2,2 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018. En el caso de la provincia de Castelló, se encuentra por debajo de esta media.
