Alicante, Almería y Castelló son las ciudades con más puntuación en "libertad económica" en el ámbito municipal en 2019, según un índice inspirado en un ránking internacional que mide y clasifica a los municipios derivado de las políticas adoptadas por cada ayuntamiento.

El estudio, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, se presenta esta tarde en Madrid y es la segunda edición del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE).

Suspenden las cuatro mayores ciudades: Madrid, Barcelona, València y Sevilla. El Índice está organizado en cuatro grandes áreas: desempeño económico del municipio, magnitud de su plantilla, intervencionismo económico y presión fiscal.

Incorpora diecisiete indicadores para las cincuenta ciudades más pobladas de España y se basa exclusivamente en datos publicados por los propios ayuntamientos, la Administración central y otras fuentes.

Para mantener la neutralidad evita incorporar elementos sobre los que los consistorios carecen de capacidad decisoria, por lo que no se incluyen factores autonómicos ni estatales.

Como principales conclusiones para 2019 subraya "el discreto desempeño" de casi todas las ciudades analizadas, ya que sólo tres de ellas superan los sesenta puntos sobre cien, que reciben la etiqueta de "libertad económica moderada": Alicante, Almería y Castellón.

Alicante, segunda el año pasado, lidera esta vez el ránking al "producirse un cierto retroceso" en Almería.

El cuarto lugar es para A Coruña, pero ya en la franja de "libertad económica aceptable" que incluye a un total de veintiocho ciudades.

Entre las diecisiete ciudades que suspenden y ocupan la franja de "libertad económica insuficiente" están las cuatro mayores ciudades del país por población: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Tarragona y Marbella son las únicas que caen por debajo de los cuarenta puntos y son catalogadas de "libertad económica deficiente".

Según esta Fundación, las ciudades tienen ante sí el reto de reducir los altos niveles de endeudamiento municipal donde aún persisten; contener el gasto público y la contratación y reducir, en la medida de su capacidad normativa, la tributación local.

Recomienda a los ayuntamientos prescindir de empresas municipales y desmunicipalizar, a través de concesiones, los principales servicios para que los presten empresas profesionales, con mayores estándares de calidad.

Para ello considera conveniente introducir, "en la medida de lo posible", elementos de competencia o al menos de comparación entre proveedores externos.

Evitar políticas municipales que perjudiquen el emprendimiento y, en especial, el derivado de las nuevas posibilidades que ofrece la economía colaborativa, son otras de las recomendaciones.

Observa, como en la edición de 2018, una correlación escasa entre el color político de los ayuntamientos y su desempeño.

El informe precisa que la situación general "sigue siendo muy mejorable" y que el tamaño influye en su libertad económica, ya que de las diez mayores ciudades, cinco suspenden y el resto aprueba "por poco".

Añade que la capitalidad parece ser perjudicial, pues de las 31 ciudades que aprueban, solo ocho son capitales de comunidad autónoma y de las 17 que suspenden, seis son capitales de su autonomía.

Además, no encuentra correlación entre la riqueza regional y el grado de libertad económica municipal ni con la competitividad fiscal de cada comunidad.