05 de agosto de 2019
05.08.2019
Economía

Hacienda caza al año a 1.500 propietarios de Castelló con alquileres en negro

En la provincia ya son más de 32.000 los que declaran ingresos por arrendamiento de inmuebles

05.08.2019 | 12:19
Un joven pasa frente al escaparate de una inmobiliaria.

Tiene la tentación de arrendarlo de manera opaca? Si es así, sepa que Hacienda va a por usted. De hecho, lleva vigilándole desde hace ocho años, cuando empezó un rastreo por todo el país para detectar la enorme bolsa de arrendamientos en negro. Y esa labor inspectora, junto a la presión ejercida por Turisme Comunitat Valenciana, empieza a dar sus frutos. En apenas tres años, la cifra de propietarios de la provincia que declaran que tienen alquiladas sus viviendas o locales se ha disparado un 14%. Y todo apunta a que en los próximos años el número aumentará mucho más porque el fisco ya ha puesto el sector bajo el foco tras la irrupción de plataformas como Airbnb o HomeAway.

La estadística que maneja la Agencia Tributaria es contundente y demuestra como los alquileres en negro podrían convertirse dentro de unos años en una especie en vías de extinción. En Castelló, y según datos de declarantes del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 2016 (últimos disponibles) un total de 32.287 contribuyentes han reconocido tener rendimientos por sus arrendamientos. Un año antes, los propietarios que declaraban el alquiler eran 1.589 menos. Y si se compara la cifra de ahora con la de hace tres ejercicios, el resultado todavía es más espectacular: 4.074 contribuyentes más declaran ingresos económicos por esta actividad. Un récord. Y a más propietarios que tributan más dinero declarado. El alquiler ya mueve en Castelló 185,9 millones de euros al año. Otro récord.

Si en Castelló ya son 32.287 los propietarios con pisos, garajes o locales en alquiler legal, en el conjunto de la Comunitat Valenciana la tendencia ha sido la misma y en tres años la cifra de caseros se ha incrementado casi un 20%, hasta los 260.000. Hacienda deja muy claro que la estadística se refiere al número de contribuyentes que declaran ingresos por alquiler, independientemente de la cifra de propiedades que tengan (hay arrendatarios que solo tienen una vivienda y, otros, poseen varias) o del periodo de tiempo que las alquilan (un mes, dos... o todo el año).

Las medidas de Turisme

La presión de Hacienda influye como también lo ha hecho la batería de iniciativas que en los últimos años se han puesto en marcha en la Comunitat Valenciana. Desde enero del 2015 es obligatorio registrar todos los alojamientos y propiedades de uso turístico y ese registro, junto a la labor inspectora, ha permitido aflorar en Castellón decenas de apartamentos. Solo en 2018 se dieron de alta 2.813 viviendas, por lo que el número total asciende a 13.501, según cifras del departamento que dirige Francesc Colomer.

La labor inspectora, sin duda, explica por qué cada vez menos propietarios eluden la ley, pero hay otros factores que también han influido. «La recuperación del sector inmobiliario también ha tenido mucho que ver en ese alza de los alquileres declarados, como también lo ha hecho el cambio en la ley de arrendamientos urbanos», apuntan desde el Ministerio de Hacienda.

Que cada vez existan más caseros que declaren sus alquileres no significa, ni mucho menos, que ya no exista fraude. «Hay una clara mejora en el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, pero la bolsa de alquileres que se mueven en la economía sumergida sigue siendo abultada. Y eso que es un tipo de fraude muy fácil de detectar», explica José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha). De hecho, el último informe elaborado por Gestha, con datos del 2016, estima que en la provincia existen 17.125 viviendas alquiladas en negro, lo que representa el 47,3% del total. «El principal problema todavía está en los pisos que se alquilan como vivienda habitual y en las plazas de garaje. En los arrendamientos de locales defraudar es mucho más difícil y en los apartamentos turísticos, también, ya que las plataformas que ejercen de intermediarios entre propietarios e inquilinos están obligadas desde hace unos meses a presentar los datos correspondientes a los pisos que alquila, desde la identidad del titular de la vivienda, los datos censales del inmueble, el número de días de alquiler o el importe percibido en la transacción», describe Mollinedo.

¿Quién alquila en negro?

Pero, ¿cuál es el perfil del propietario que defrauda con los alquileres? Mollinedo explica que se trata, mayoritariamente, de jubilados que alquilan su segunda residencia en negro para completar su pensión. También hay familias que compraron una segunda vivienda y mantuvieron la que ya tenían para destinarla al alquiler. «Se trata de unos perfiles que no tiene asesor fiscal por lo que es fácil descubrir el nicho de arrendamiento sumergido debido a que no es un fraude sofisticado, suelen cobrar en mano y Hacienda sigue bien la pista del dinero», argumenta.

Cuando Hacienda pilla a un propietario con un alquiler sumergido, además de enviarle una propuesta de liquidación, impone una sanción de entre el 50% y el 150% de la cuota que ha dejado de ingresar, dado que la ocultación del contrato que no se ha declarado se considera falta grave. Además, el propietario de la vivienda pierde el beneficio fiscal ya que no podrá aplicarse la reducción del 60% aplicable sobre los rendimientos obtenidos.

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