05 de septiembre de 2019
05.09.2019

El fiscal pide imputar al secretario de Orpesa por asignarse sobresueldos

Solicita que se investigue también al exalcalde Rafael Albert y a un técnico por si hubo prevaricación

05.09.2019 | 04:15

La Fiscalía de Castellón ha solicitado al juzgado que tome declaración en calidad de investigados (antes imputados) al exalcalde, Rafael Albert, al secretario municipal y al técnico de personal del Ayuntamiento de Orpesa por pagos en concepto de productividad y horas extra por si pueden ser constitutivos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

La decisión se produce tras la investigación de la Fiscalía a raíz de una denuncia formulada el 24 de enero de 2019 por el entonces concejal de Compromís en Orpesa Josep Lluís Romero, en la que comunicaba que en las nóminas de septiembre a noviembre de 2018 había detectado abonos por gratificaciones y productividades «escandalosas» que, en el caso de estas últimas, superaban el sueldo mensual de los trabajadores municipales. Las cantidades oscilaban entre los 4.400 y los 1.550 euros. En el escrito aportado por Romero a este diario, se advierte que los pagos se han hecho con la objeción de legalidad por parte de la interventora municipal y que junto a la misma, aparece la firma de Albert y del secretario, que a su vez figura entre los que perciben los emolumentos.

El Ministerio Público requirió al consistorio documentación. Según el escrito de 29 de julio del 2019, firmado por la fiscal instructora, «ha podido comprobarse que las resoluciones de alcaldía de aprobación de nóminas durante el ejercicio 2018 han sido dictadas con el informe jurídico desfavorable respecto a productividades, con los reparos formulados por el interventor al superar las limitaciones contempladas por la normativa reguladora de la función pública y suponer una ampliación continua de las retribuciones económicas mensuales carente de cobertura legal alguna, cantidades cuantificadas de manera no objetiva y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, según la propia certificación».
En su descargo, el ayuntamiento, aunque admite que «los pagos por productividad se satisficieron efectivamente sin ajustarse al procedimiento establecido», arguye que «los hechos no tienen relevancia penal» porque «responden a escenarios de carga de trabajo demostrables».

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