Las fumigaciones aéreas contra los mosquitos son un mecanismo eficaz, según los expertos, para evitar o hacer frente a una plaga de mosquitos. El problema es que la Conselleria de Sanidad no autoriza estos tratamientos de modo preventivo y solo da su visto bueno si hay informes técnicos que aseguren que las técnicas terrestres no pueden hacer frente al problema. A pesar de que los municipios costeros de la zona sur de Castelló llevan años reivindicando más facilidades para conseguir estos permisos, no ha sido hasta ahora cuando se ha dado de forma casi inmediata el beneplácito para tratar desde el aire.

La burocracia en este tipo de autorizaciones siempre había sido costosa, al menos hasta ahora. Han bastado cuatro días, de jueves a lunes, para que el Consell haya dado luz verde a la Diputación de Castellón para poder lanzar desde el aire en helicóptero un producto biológico efectivo para acabar con la eclosión de larvas que se estaba detectando en zonas húmedas del litoral, tras las últimas lluvias.

El tratamiento se aplicó el pasado lunes durante siete horas de vuelo en estas zonas, con especial atención a dos de los principales focos calientes localizados en el Prat de Cabanes-Torreblanca y la marjal de Nules, según explicó el entomólogo de la Universitat de València Ricardo Jiménez, quien coordina los muestreos que realiza periódicamente la diputación. De momento, no está previsto ampliar estas fumigaciones.

«Tomamos la decisión de solicitar estos tratamientos porque teníamos mucha actividad y habría habido una locura de mosquitos», señaló Jiménez, quien confío en que esta práctica sea efectiva dado que las técnicas terrestres no podían hacer frente al problema al haber zonas inundadas. Este experto advirtió, no obstante, de que mosquitos «siempre habrá».

Desde el departamento de Ana Barceló explicaron ayer la celeridad al respecto. Y es que en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de Torreblanca cuando ha pedido aplicar vuelos antimosquitos en el Prat los trámites han sido más largos. «La autorización se basó en la presencia de especies objeto de tratamiento, la extensión de las zonas afectadas y la dificultad de un tratamiento terrestre efectivo», señalaron.