Desde que en junio del 2018 el equipo de gobierno de la Vall d'Uixó decidiera derribar la cruz de los caídos de la plaza de la Paz, la sombra de la querella presentada por la asociación Abogados Cristianos ha acompañado a la alcaldesa, Tania Baños, hasta que ayer recibió la resolución del juez instructor en la que decide archivar esta causa en la que se vio implicada como investigada.
argumentos jurídicos / Tal y como apunta el juez, ante la denuncia por un presunto delito de prevaricación y otro de incitación al odio, «no puede considerarse que exista indicio alguno de la comisión de dichos ilícitos» y añade que en el proyecto de remodelación de la plaza, que incluía la retirada del símbolo franquista, «el actuar de la denunciada debe considerarse acertado y adecuado a derecho», en base a lo cual «se decreta el sobreseimiento provisional de la presente causa, procediéndose a su archivo».
La munícipe hizo pública la noticia a través de las redes sociales con un contundente alegato: «Soy inocente y la retirada de la cruz de los caídos es legal». También dijo que «no les voy a pedir que me pidan perdón», porque siente que el respaldo recibido en las urnas es «la mejor sentencia de todas» y aseveró que «cumplimos con la ley para defender que no podía haber un monumento franquista en el centro de la ciudad, el centro de todas y todos».
Por lo que respecta a la denuncia por prevaricación, el juez señala que no existe «el más mínimo indicio de desviación en la normativa de contratación pública» y en el de incitación al odio, y concluye que «las decisiones no serán de agrado de todos los vecinos», pero no puede concluirse que se haya buscado promover «el odio» o «la hostilidad».
