El preacuerdo para formar Gobierno en España anunciado el pasado martes por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder podemita, Pablo Iglesias, despierta expectativas, por primera vez en muchos meses, de que pueda llegar a haber un Ejecutivo estable, con muchos deberes pendientes con Castellón, que pueden resumirse como mínimo en los 246 millones que habilitó para la provincia el frustrado presupuesto para el 2019 de Sánchez. También es sustancial que se aborde el nuevo sistema de financiación autonómica --gran ausente por ahora del pacto--, que el president de la Generalitat, Ximo Puig, estima que, esta vez sí, se planteará en esta legislatura.

Esa reivindicada agenda provincial es consecuencia de la discriminación histórica sufrida por el territorio, pero también del bloqueo que viven las instituciones públicas por la incapacidad de la clase política para llegar a acuerdos, que ahora podría terminar si Sánchez e Iglesias logran los apoyos suficientes, no solo para sacar adelante una investidura, sino los presupuestos, que ya serán para el 2020.

Las cuentas del Estado

En enero pasado, el líder del PSOE y del Ejecutivo estatal presentó un proyecto de cuentas cuya aprobación no fue posible por falta de respaldo parlamentario suficiente, lo que acabó por precipitar el final de legislatura y la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril.

Seis meses después y dos convocatorias electorales completadas tras el 10-N, el bloqueo político paraliza también hasta que haya Gobierno las inversiones y las transferencias del Estado, mientras continúa arrastrándose la deuda histórica y la infrafinanciación, por lo que se estima que son muchos más que esos 246 millones los que no llegan a la provincia por la situación política.

En la retahila de asuntos que hay que recordar a Madrid, porque dependen de la administración central, aparece de forma más inmediata la construcción de al menos los tres nuevos accesos anunciados en Vila-real, Benicàssim y Vinaròs, de los que nada se sabe desde hace meses.

Hasta Tarragona

la ampliación de la CV-10 hasta el límite con Cataluña, que tendría tres nuevos tramos es otra necesidad urgente. Los estudios técnicos sobre su trazado ya están aprobados, pero no hay nada más en marcha.

Como publicó Mediterráneo, El último tramo --entre Pobla de Tornesa y Cabanes-- se inauguró hace nueve años (en el 2010) y en el limbo están los que discurren entre Vilanova d’Alcolea y les Coves (13,6 kilómetros), de les Coves a la Salzadella (14 km) y de la Salzadella a la Jana (18,3 km.

Que Aena asuma la gestión del aeropuerto de Vilanova, del que acaba de hacerse cargo directamente la Generalitat, y que pase a formar parte de la red pública para conectarse con Madrid es una reivindicación esperada.

La imprescindible mejora del servicio de los Cercanías, prometida y apenas cumplida; los cuarteles en condiciones penosas; o mejorar el acceso por carretera a la cornisa cantábrica y la atención a la conectividad de PortCastelló son solo ejemplos de lo que discriminación y bloqueo suponen para la provincia.

El president pide realidades

Ximo Puig reiteró ayer su satistacción por el preacuerdo alcanzado por socialistas y podemitas; prestó su confianza a que, por fin, llegará una financiación justa para la Comunitat en esta legislatura. No obstante, avisó de que es preciso que reciba el apoyo necesario para que «sea una realidad y esta vez sí que haya una investidura», también por parte de la oposición.