La concejala de Vivienda de Castelló, María Jesús Garrido, anunció ayer su determinación de solucionar el problema de las viviendas sociales ocupadas fuera de los cauces legales, y que los desalojos se harán «sí o sí», para aquellos casos en los que se haya dado una usurpación, «no vive allí o no cumple manifiestamente las bases de adjudicación». La edila detalló que del censo de 221 pisos, «58 se encuentran en situación irregular y que de estos, el 70% están de esta forma desde hace más de 10 años». Garrido también puntualizó que en la mayoría de casos «se debe a cuestiones administrativas». Como ejemplo, se encontraron 16 situaciones pendientes de subrogar desde hace más de 10 años, «ya que son residentes los familiares o parientes de los titulares de los arrendamientos», indicaron desde la Concejalía. En algunos casos, el cambio debería haberse hecho desde hace más de 20 años.
Garrido aseguró que, a pesar del objetivo marcado desde su área, «nadie estará en la calle, y Servicios Sociales dará cobertura, por lo que las tendrá quien realmente las necesita». La edila hizo estas afirmaciones en el transcurso de la presentación de la unidad móvil de la Oficina de Vivienda, junto a la alcaldesa, Amparo Marco, quien aludió a la «herencia» recibida por anteriores gobiernos municipales y reveló el caso de gente «que no sabemos cómo habían accedido, y de algunos que estaban allí sin tener derecho; incluso familias que vivían en Zaragoza y que las usaban como apartamento para venir a la playa de Castelló».
