El Ayuntamiento de Morella activa un Plan Director para arreglar el histórico acueducto gótico con una inversión de 10.024.333 euros. El proyecto contempla obras a ejecutar en 14 años en este monumento que tiene el título de Bien de Interés Cultural (BIC).
La iniciativa para poner en valor este recurso patrimonial surgió desde el consistorio, ya que concurren unos factores que hacen «imprescindible» una restauración y una continua revisión. El documento que servirá de hoja de ruta, al que ha tenido acceso este diario, contempla acciones a corto, medio y largo plazo.
La primera intervención, a realizar los dos primeros años, prevé trabajos de urgencia y tiene un coste previsto de 766.737 euros. Al respecto, Vicente Dualde, arquitecto restaurador del castillo y murallas de la localidad y responsable de Balam Consultores, afirma que «la situación precaria de estabilidad y cohesión de su estructura se ha agravado en los últimos años y hace necesario tomar la iniciativa para responder a las necesidades que una edificación de esta envergadura exige».
El resto de las intervenciones se llevarán a cabo los siguientes doce años. Dualde explica que «elaborar el plan nos ha permitido conocer este patrimonio y debe convertirse en el instrumento principal para la definición de las reformas para asegurar su conservación, la gestión de los recursos que se destinen y la difusión de los conocimientos adquiridos».
Los objetivos del equipo de arquitectos, ante estas futuras remodelaciones, comienzan por establecer las estrategias de mantenimiento del conjunto y las principales actuaciones para la conservación y recuperación. Habrá que detallar las futuras operaciones de recuperación y rehabilitación de espacios públicos vinculados al acueducto y, además, determinar con claridad la titularidad del monumento, con el fin de definir qué partes son propiedad municipal y qué partes no.
Otro punto que recalcan es establecer sinergias que reviertan en la población desde ámbitos económicos y sociales, así como programar las obras necesarias de manera conjunta entre consistorio, Generalitat y Gobierno.
