Esta declaración supone un cambio de tendencia ante los productos transgénicos, apuntada ya el pasado mes de julio, cuando el Consejo de Estado (Ejecutivo chino) impulsó un proyecto de investigación científica alimentaria.

El proyecto tiene un presupuesto de cerca de 20.000 millones de yuanes (2.930 millones de dólares, 2.050 millones de euros) y las autoridades confían en que ponga a China en cabeza de la producción mundial de tecnología de modificación genética.

En este sentido, el arroz juega un papel fundamental, puesto que es el alimento básico de una parte sustancial de los más de 1.350 millones de habitantes del país más poblado del mundo.

China produce actualmente unas 500 millones de toneladas de arroz, aunque se calcula que, con el incremento de la población del país hasta los 1.600 millones para el año 2020, se debería ampliar la capacidad de producción a 630 millones de toneladas.

La necesidad de más alimento, así como el supuesto recorte en el impacto medioambiental (los transgénicos requieren de un 80 por ciento menos de pesticidas, uno de los contaminantes más extendidos en China) y el mayor beneficio previsto para los agricultores son algunas de las ventajas de esta decisión.

Sin embargo, los transgénicos también tienen su oposición, que denuncia que todavía no se han investigado suficiente este tipo de alimentos ni sus consecuencias a largo plazo en la salud de los humanos.

La asociación ecologista Greenpeace inició desde hace años una campaña contra este tipo de productos, alegando que los riesgos de la modificación transgénica todavía no se conocen.

"Vale la pena evaluar las consecuencias medioambientales del arroz modificado", expuso Fang Lifeng, responsable del departamento de alimentos y agricultura en la oficina pequinesa de Greenpeace.

"Para China, la seguridad de los alimentos transgénicos no es sólo una cuestión científica, sino que también tiene importancia política y económica", aseveró por su parte Cao Mengliang, investigador del Centro Nacional de I+D de Arroz Híbrido.

En la década de los 90, China permitió inicialmente la venta de productos modificados, como algodón, tomates y maíz, aunque el Gobierno chino se retractó en el año 2000, cuando la comunidad internacional empezó a cuestionar estas prácticas.

En mayo de 2005, China ratificó el protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que obliga a los exportadores a identificar y facilitar información sobre los transgénicos.

Según cálculos de Naciones Unidas, en el año 2007 estaba contabilizadas en todo el mundo alrededor de 114 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, que incluyen productos como patatas, soja, algodón y arroz.