Cèsar Palazuelos, la Vall de Gallinera

El actual conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, podría no haber incurrido en irregularidades -«una decisión jurídicamente indefendible»- al desproteger el monte de La Solana de la Vall de Gallinera en 2003. Una descatalogación que permitía la construcción de 250 viviendas en un paraje con categoría de utilidad pública desde 1924.

En este sentido, Acció Ecologista-Agró presentará ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una denuncia sobre una sentencia del mismo que considera derogado el decreto de desprotección de La Solana. Los conservacionistas consideran que el comportamiento del conseller «ha sido consciente y deliberado» en el sentido de haber incurrido en «una ocultación que posibilite adoptar una decisión jurídicamente indefendible con absoluto desprecio a su obligación legal superior de protección del medio ambiente». El TSJ aprecia «irregularidades» detectadas en el procedimiento adminsitrativo de la descatalogación. Los ecologistas eleverán al Fiscal que «independientemente de que acatemos al sentencia» también «entendemos necesaria una disposición derogatoria» con el fin de que «maniobras tales -descatalogaciones- no vuelven a suceder».

En 1991 el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera declaró como urbanizable un parcela de 38 hectáreas en la que se podían construir hasta 2.890 casas. En 2001 el consistorio vendió a la mercantil Jalón Consult S. L. la superficie por 457.831, a 1,2 euros el metros cuadrado. Dos años después, la Conselleria de Medio Ambiente desclasificó la parcela, excluyéndola del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de las comarcas de Alacant.