Mónica Arribas, Sagunt

Los trámites impulsados por el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) para urbanizar una zona de Sagunt en colaboración con el ayuntamiento llevan meses sin dejar dormir a las seis familias que residen allí. Se trata, en su mayoría, de matrimonios de más de 70 años que llevan cuatro décadas en esas casas y preferirían que todo siguiera como hasta ahora, con su calle sin asfaltar donde salen en verano a «tomar la fresca», como dicen.

Sin embargo, el poder quedarse fuera de la urbanización se avecina difícil y ellos ya han contratado a una abogada con intención de «ir a los tribunales, si hace falta, para conseguir una salida justa» pues consideran que la oferta recibida hasta ahora «es de risa y un auténtico robo».

De entrada, el proyecto redactado por el Ivvsa prevé derribar las «chabolas» existentes en la zona y construir pisos de cinco alturas. Ahora bien, los propietarios rechazan indignados que sus casas merezcan tal calificación y, mucho menos, las «ridículas indemnizaciones» que les han ofrecido: Entre 20.000 y 36.000 euros por vivienda, más unos 1.200 euros por la mudanza. A eso se le sumaría menos del 50% del terreno que poseen actualmente, en parcelas que compartirían con otros propietarios para así sumar la cantidad mínima de 100 metros cuadrados que se exige para poder edificar adosados.

Esto, en opinión de los afectados, «es inaceptable», y reclaman una cantidad por las casas mucho más alta que les permitiera adquirir otra vivienda «digna» o bien que el Ivvsa se la facilitara directamente. Como comentaba uno de ellos: «Hasta ahora vivíamos muy bien, pero han venido con este atropello y ya no pensamos en otra cosa. La realidad es que nos van a dejar sin casa a seis familias, pues con el poco dinero que nos dan no nos llega para comprar otras viviendas dignas y tampoco podemos pedir créditos porque somos mayores».

La abogada de los afectados aseguraba que, tras las alegaciones presentadas al proyecto urbanizador, ya ha recibido una propuesta del Ivvsa para realojar provisionalmente a los residentes en pisos sin ascensor del cercano barrio de Baladre; una opción que ellos rechazan «porque con más de 70 años, que es la edad que tenemos la mayoría no estamos para subir escaleras».

En una reciente entrevista con el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, la alcaldesa de Sagunt y el edil de Urbanismo ya le transmitieron la preocupación del colectivo por los precios ofertados y él se comprometió a revisarlos para que nadie se sienta perjudicado. Ahora bien, los afectados dicen que ese momento aún no ha llegado y que están dispuestos a ir a un contencioso e incluso acudir al Tribunal Constitucional en defensa de sus intereses.