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Los tres PAI de Parcent, aprobados inicialmente por el gobierno local del PP en enero de 2006, en el penúltimo día de vigencia de la LRAU, ya son pasado. La Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, organismo que depende de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, los ha rechazado de forma definitiva. Las alegaciones presentadas por las promotoras contra el acuerdo inicial que desestimaba los PAI no han hecho camino.

La conselleria ha considerado que las deficiencias de estos tres planes urbanísticos, que sumaban 1.800 viviendas, eran imposibles de corregir. Una de esas deficiencias consistía en que no hay agua suficiente para semejante crecimiento urbanístico. Así lo acreditaba la Confederación Hidrográfica del Júcar en su informe sobre recursos hídricos. De hecho, llamaba la atención el salto demográfico que significaban los PAI, ya que de los mil vecinos actuales Parcent pasaría de golpe a 5.000. Otro defecto incontestable era que los programas urbanísticos afectaban a una gran superficie de suelo que, por su condición de forestal, está protegido.

Además de que ahora acaba la lucha mantenida durante casi cuatro años por los vecinos -liderada por el colectivo Veïns de Parcent- contra un desarrollo urbanístico cuestionado incluso por el Parlamento Europeo, el rechazo definitivo de los PAI refuerza al actual gobierno local en el pulso judicial que le ha planteado la mercantil Terres de l'Horta. Esta empresa promovía el programa del Replà, de 1.423 viviendas, y presentó una querella contra el alcalde, Máximo Revilla, y sus cuatro ediles de Coalició Democràtica de Parcent (CDP).

Los concejales declararon el lunes en el juzgado de Dénia y respondieron a la acusación de paralizar y poner trabas a los PAI. Ahora la conselleria, al rechazar los programas urbanísticos, defiende que el ayuntamiento los ha tramitado "conforme" a la ley y ha aportado toda la documentación que se le ha requerido. Ese argumento pone en entredicho una querella que, por otra parte, ya parece del todo fuera de lugar pues es la propia conselleria la que ha tumbado definitivamente los planes urbanísticos.

No obstante, las promotoras todavía pueden encontrar el resquicio de presentar recurso de alzada en el plazo de un mes.

El PP de Parcent aprobó en enero de 2006 los tres PAI, pese al fuerte rechazo de los vecinos que, al tiempo que se celebraba aquel pleno, se manifestaban con paraguas bajo la lluvia. Aquella apuesta por convertir este pequeño pueblo en una macrourbanización pasó factura electoral a los populares y los condenó a la oposición. CDP logró la mayoría absoluta y se enfrentó al reto de enderezar aquel traspié urbanístico. Cuatro años después y tras episodios tan desagradables como la querella en la que la promotora incluso pedía cárcel para el alcalde y los ediles, los PAI han descarrilado por sus propias e insalvables deficiencias. Ahora ya son historia y el gobierno local y los vecinos tienen vía libre para elaborar sin presiones el nuevo PGOU.