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La Generalitat, a través del Instituto Valenciano de la Vivienda, así como la firma Llanera -socia de la empresa mixta Inprova- han decidido interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que anule la paralización cautelar del proyecto Nou Mil·lenni de Catarroja que dictó hace meses en Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

Esta decisión se ha adoptado después de que el TSJ desestimara los recursos de súplica que presentaron las partes tras la paralización, así como el Ayuntamiento de Catarroja. El primer auto del alto tribunal valenciano se producía a raíz de un recurso contencioso-administrativo que interpuso el grupo socialista de las Corts Valencianes, en el que cuestionaba que un proyecto de esa envergadura pudiera tramitarse a través de un plan parcial y al margen de una revisión del PGOU.

Tras desestimarse la súplica del Ivvsa y el consistorio y dictarse un auto el pasado 8 de octubre que mantenía la paralización, frente al que no cabía recurso en el ámbito autonómico, tanto Inprova como el Ayuntamiento de Catarroja realizaron otro intento. El primero solicitó hace varias semanas una "aclaración" del auto pero el TSJ ha respondido ahora que "no procede" porque "no existe error u omisión que deba resolverse".De forma paralela, Inprova pidió la nulidad del auto que mantenía la paralización, que también ha sido rechazada por el TSJ. De ahí que la única vía que les queda es acudir al Supremo.