El mejor precio de los cítricos está animando el robo de cosechas. En lo que va de campaña, las pérdidas registradas en los campos de la Ribera por el saqueo de las producciones y también por el robo en instalaciones de riego suman ya más de dos millones de euros. El incremento del precio del cobre y el repunte de las cotizaciones de los agrios en esta campaña por la menor producción citrícola han disparado los robos en los últimos meses. A esto cabe añadir el perjuicio que representa para los citricultores la puesta en venta de estos productos robados que, según denuncia la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), ha desencadenado "un mercado negro de naranjas a precios reventados".

La organización agraria ha contabilizado más de 300 robos en explotaciones agrarias a lo largo de 2009, lo que supone cerca del 20% del total de la Comunitat Valenciana. Las zonas de mayor siniestralidad se concentran en los alrededores de Picassent y Tavernes de la Valldigna y los municipios más afectados son Alzira, Alginet y Benifaió, según destacan. Aunque en otras localidades, como Algemesí o l'Alcúdia, también se vienen registrando numerosos asaltos, según se desprende de las actuaciones policiales. El destino de estas cosechas que, en algunos casos se recolectan incluso antes de su momento óptimo, suelen ser pequeñas fruterías que ofrecen el producto a precios ínfimos: "Hasta cuatro kilos de naranjas por sólo un euro, cuando en los supermercados el precio de venta al público de un kilo de naranjas se sitúa en torno a un euro y en las fruterías de barrio a algo más de 0,50 céntimos", exponen desde AVA-Asaja.

El sindicato pide a los ayuntamientos y a los cuerpos de seguridad mayor control sobre estos asaltos y sobre el destino de la fruta robada. Así mismo, insta a la Delegación del Gobierno a establecer la obligatoriedad del uso de la Guía-conduce a nivel autonómico, cumpliendo así el acuerdo adoptado en la última Junta de seguridad en el ámbito rural. Este documento, que ya emplean algunos ayuntamientos como el de Alzira, permite dar a conocer a las autoridades quién ha proporcionado la fruta a los intermediarios, la procedencia de la misma, así como proceder a su decomiso cuando no se pueda justificar su origen.