La Guardia Civil ha concluido por hoy el registro del Ayuntamiento de Montroy, que se inició a primera hora de esta mañana a raíz de una investigación judicial por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, y hasta el momento se ha llevado principalmente numerosas actas y planos.

El alcalde de este municipio valenciano, Antonio Polo, ha dicho a los periodistas que los registros continuarán mañana a partir de las nueve de la mañana, después de que hoy se haya examinado en torno al 85% de las dependencias consistoriales.

Después de casi doce horas de registro, los agentes han extraído de la Casa Consistorial nueve cajas de cartón con documentación, que han cargado sobre las ocho de la tarde en vehículos de la policía judicial ante medios de comunicación y media docena de vecinos.

Durante todo este tiempo, el Ayuntamiento ha estado clausurado y custodiado por la Guardia Civil, que tras interrogar a los funcionarios les ha comunicado que hoy no iban a poder trabajar en dependencias municipales.

La diligencia judicial ha tenido un único receso al mediodía y los agentes que han participado en el mismo han tenido que transportar cajas para empaquetar la documentación hasta en tres ocasiones.

Según el alcalde, la Guardia Civil se ha llevado actas y planos aunque asegura que todavía no le ha comunicado el motivo del registro, ordenado por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent.

Polo ha reiterado que las docenas de chalés de la urbanización Els Mallars, construidos sin las correspondientes licencias, carecían de servicios básicos, así como que el Ayuntamiento estaba desarrollando tres programas de Actuación Integrada (PAI) para solucionar esa situación, de la que también le había advertido la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Esta operación judicial-policial ha desembocado en once registros entre Montroy y otras localidades y en siete detenciones, entre ellas la del ex alcalde del PP Javier Carrión, varios cargos públicos más y "alguna persona relacionada con las actividades económicas" que se investigan, según ha revelado el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta.