28 de marzo de 2010
28.03.2010

El juez ve posible prevaricación en el acuerdo de Paterna con Siro

Pide que siga el proceso contra el ex edil Rozalén y dos altos cargos de Urbanismo La denuncia al ex alcalde Borruey se sobresee por su muerte

28.03.2010 | 01:00
PAI de la antigua galletas Río donde ha aparecido la Villa Romana.

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La magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Paterna ha dictado un auto para que se siga el procedimiento judicial por un supuesto delito de prevaricación en el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Paterna y la mercantil Galletas Siro, del que serían presuntos responsables el ex concejal, Domingo Rozalén (EU), el arquitecto municipal y el jefe de la sección de Planeamiento Urbanístico, así como el ex gerente de la empresa municipal Sumpa. La querella que presentó en 2005 el empresario Jorge Cubells, afectado por la reparcelación del sector 9 también era contra el ex alcalde socialista Francisco Borruey, pero al fallecer el pasado año se declara sobreseído el proceso.
La querella concluía que el plan parcial y el proyecto de reparcelación del polígono l'Andana se realizaron "a la medida" de un convenio del consistorio con la mercantil Siro para que ésta pudiera disponer, tras una permuta, de unos terrenos de 20.000 metros cuadrados en el sector para una fábrica, tras cerrar Galletas Río.
El auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, indica que de las actuaciones practicadas se desprende que los "hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación" por los imputados, por lo que da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la práctica, excepcional, de diligencias complementarias.
Según el auto, la reparcelación adjudicó al ayuntamiento una parcela de 20.000 metros cuadrados, mientras que a la empresa del denunciante Cubells, que tenía dos con más de 15.000 metros donde ahora se ubica la fábrica de Siro, se la desplazó a otro lugar. Un último informe pericial, de julio de 2009, constata que la superficie total de esas parcelas era de casi 15.000 metros, por lo que no debieron desplazarla, pues la mínima edificable era de 14.000 metros. Otro perito declaró que al afectado se le sumó una superficie de 13.502 metros de forma manual y "sin ser resultado de ningún cálculo aritmético". Asimismo el querellante aportó como prueba un contrato de 16 de julio de 2003, firmado por Productos Alimenticios La Familia, de la que Siro es la única accionista, con una constructora para hacer una fábrica en los terrenos que meses después se le adjudicaron. Los representantes legales de las sociedades declararon que existía un error en la fecha ya que la correcta era julio de 2004.
Posteriormente a la reparcelación, también recurrida en un contencioso administrativo, el anterior gobierno PSPV-EU aprobó el convenio con Siro, el 18 de mayo de 2005, que establecía la permuta de terrenos para instalar la nueva fábrica en la parcela de 20.000 metros y la aprobación del PAI del sector Río donde se ha localizado la villa romana. Un informe de la secretaria municipal desaconsejó la permuta porque la reparcelación estaba en los tribunales. El PP se abstuvo y UV votó en contra.

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