El Ayuntamiento de Paterna obligó al Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) a paralizar el proceso de revisión de alrededor de 800 alquileres en viviendas públicas del barrio de la Coma después de las protestas de los vecinos, pues se duplicaba el gasto de los arrendamientos y se les exigía a los inquilinos el depósito de una fianza de unos 160 euros.
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí (PP), reconoció ayer sobre la polémica de renovación de los alquileres, que el consistorio tuvo que intervenir. "Hemos paralizado esta actuación porque tenemos el compromiso de la Dirección General de la Vivienda de suspender la renovación de todos los contratos antiguos", declaró Agustí, después de la visita a las nuevas instalaciones del centro de salud del barrio.
Agustí, junto a la presidenta de la Asociación de Vecinos y Entidades del barrio de la Coma, Maruja Morales, explicó que el Ivvsa, en virtud de un decreto sobre la protección pública de vivienda de la Generalitat Valenciana, pretendía renovar las condiciones de los contratos, pero los servicios jurídicos de la promotora local Sumpa opinan que en los contratos con una antigüedad determinada "no cabe esa renovación". Por ello se va a hacer un trabajo conjunto, entre el Ivvsa, Sumpa y vecinos, para "estudiar caso por caso" y ver cuáles se deben renovar.
La presidenta de los vecinos apuntó que el Ivvsa pretendía que "fuera como una nueva adjudicación a personas que ya vivimos más de 20 años en las casas, nos exigían una fianza de 160 euros cuando ya habíamos pagado cuando entramos a vivir y sólo nos daban ocho días para renovar o nos íbamos a la calle". Ante esta situación, los vecinos solicitaron la intervención del ayuntamiento. "Agradecemos el golpe en la mesa que dio Agustí ante el Ivvsa y ahora nos sentimos más tranquilos, pues se ha paralizado la llegada de cartas", declaró Morales.
"Yo pagué por miedo a perder la casa"
Salvador, un vecino prejubilado que vive más de 20 años en su vivienda, es uno de los inquilinos que firmó el nuevo contrato y pagó 160 euros de depósito porque "no sabía lo que pasaba y tenía miedo a perder mi casa. Me dijeron que entregara los papeles o las llaves". Además, su alquiler ha pasado de 71 a 16 euros. En la misma situación que Salvador se encuentran, según los vecinos y el consistorio, más de un centenar de inquilinos que firmaron las nuevas adjudicaciones. El ayuntamiento, según al alcalde, va a estudiar si se puede devolver el dinero de la fianza -desde la intervención del consistorio se ha eliminado como requisito- a los vecinos que la hayan pagado, aunque hay que estudiar caso por caso. c. g. paterna
