Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha anulado el sistema de cobro de retribuciones por asistencia a plenos y comisiones en Catarroja, que aprobó el gobierno local hace dos años, a raíz de una denuncia del grupo municipal socialista. Según la nueva fórmula, los ediles sólo cobrarían por asistir a estos órganos en función del tiempo que estuvieran en la sesión y los puntos que se hubieran aprobado. Además, si un concejal faltaba a un pleno o comisión por una causa justificada que no fuera enfermedad, la mayoría absoluta del órgano en cuestión decidiría si tenía que cobrar. En caso de expulsión por la presidencia de la sesión, no cobraría y, pasados tres meses, se decidiría si se levan?taba esta sanción.
La modificación fue aprobada por el gobierno local PP y UV en el pleno y posteriormente los socialistas acudieron a los tribunales porque el expediente no tenía un informe de legalidad. El PSPV alegó en su recurso que se iban a aplicar criterios discrecionales en la decisión de otorgar las retribuciones.
El TSJ considera que "al prever la no percepción de la indemnización en caso de expulsiones que posteriormente son graciosamente condonables", el sistema "constriñe, limita y dificulta sin suficiente razón que lo justifique" a través de decisiones "con criterios de pura discrecionalidad", el ejercicio de los cargos de concejales "con libertad y plenitud". De ahí que el alto tribunal falle que la consencuencia de ello es "una infracción del derecho fundamental a la participación política". Por ello, considera que el acuerdo plenario que aprobó las medidas ha de anularse.
Acuerdo "excéntrico"
Tras la sentencia, los socialistas valoran que se trataba de un acuerdo "injusto, arbitrario, variopinto y excéntrico" y que "no va a sentar ningún precedente histórico" como en su día argumentó el PP. "Este tipo de tropelías inconstitucionales sólo las puede hacer un partido como el PP, que no cree en la democracia y que pierde su tiempo y el nuestro con este tipo de propuestas a las que desgraciadamente ya nos estamos acostumbrando", afirman los socialistas, al tiempo que lamentan "tener que defender en pleno siglo XXI derechos constitucionales en los tribunales porque quien nos gobierna en el ayuntamiento no los respeta".
