Ni fusiones, ni absorciones. Los alcaldes de los tres municipios de la Ribera y los de la Costera, la Vall d'Albaida y La Canal de Navarrés que, debido a su reducida población, se encuentran en el supuesto en que la nueva Ley de Régimen Local valenciana autoriza al Consell a suprimir de oficio una localidad expresaron ayer su "rotundo y frontal" rechazo a que se les pueda aplicar esta medida y, tras expresar su firme voluntad de mantener la actual autonomía, defendieron que la política de mancomunar servicios para reducir costes -que plantean como alternativa- es una práctica habitual en sus municipios desde hace mucho tiempo y que, a diferencia de otras ciudades grandes, sus ayuntamientos sí están saneados, por lo que consideran que no se les puede castigar cuando, según coinciden en señalar, se han esforzado por realizar una buena gestión.
El alcalde de Cotes, José Gonzálvez, del Partido Popular, anunció ayer que será "rebelde" contra esta ley "al cien por cien" si alguien cuestiona la independencia de su localidad que, con 386 habitantes, es la más pequeña de la Ribera. Su compañero de partido y alcalde de Sellent, Jorge Penalba, defendió que su pueblo tiene una larga historia y aspira a continuar "mil años más" como plena autonomía y advirtió que no se plantea ningún otro escenario.
En la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida se suprimirían veinte de los sesenta municipios incluidos en las tres comarcas, un 33% de las localidades. La idea ha hecho saltar a los munícipes de estas entidades locales.
Y precisamente a eso apelaban algunos. "Somos una entidad", reivindicaba Rafael Serra, alcalde de Cerdà (379 habitantes). "Que nos rebajen lo que quieran, pero el pueblo no. La cualidad de pueblo no tiene que perderse", afirmaba Serra.
Cerdà es una de las cinco localidades de la Costera con menos de 500 habitantes y que, por tanto, podría ser una de las "candidatas" a desaparecer si se ejecutaran las intenciones de la Generalitat. Además de Cerdà, en la Costera los municipios de Estubeny (144 habitantes), la Granja de la Costera (341), Torrella (148) y Vallés (145) también corren peligro de extinguirse.
En la Vall d'Albaida los pueblos con menos de 500 vecinos suponen casi la mitad de la comarca: 15 de 34, lo que supone que el 44% de las entidades locales se suprimirían con la nueva ley. Aielo de Rugat, Rugat, Bellús, Beniatjar, Benissoda, Benissuera, Bufali, Carrícola, Guadaséquies, Otos, Pinet, Salem, Ràfol de Salem, Sempere y Terrateig dejarían de existir como pueblo y pasarían a integrarse en otro más grande o fusionarse dos o más municipios para conformar una nueva entidad municipal.
Ripoll rechaza suprimir alcaldías y abre la puerta a constituir nuevos municipios
Otro frente abierto en el PP. La Generalitat, a través del conseller Rafael Blasco, abrió la puerta para, acogiéndose a la nueva ley de régimen local aprobada la semana pasada, iniciar un proceso de fusión y de supresión de municipios con menos de 500 habitantes o con problemas económicos. Pero el presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, la cerró ayer de un portazo. El titular de la corporación y líder del PP en Alicante considera que la distribución municipal de la provincia no debe modificarse e, incluso, apuntó que, en estos momentos y lejos de reducirse, podría acabar aumentando en los próximos años. "Es una argumentación falsa", apuntó Ripoll sobre el debate que abrió el conseller Rafael Blasco, perodel que el titular de la Diputación culpó al Ejecutivo de Zapatero.
La provincia, en estos momentos, cuenta con 141 municipios y tres entidades locales menores, una figura jurídica que permite la elección de un concejo con un alcalde que puede optar a subvenciones y que adquiere una cierta descentralización administrativa pero que, en último extremo, está a expensas de un ayuntamiento.
