16 de junio de 2010
16.06.2010
Tribunales

El juez imputa al alcalde de la Pobla Llarga por un presunto delito de prevaricación

Soler dice que respetó "escrupulosamente la ley" al resolver el contrato de la Casa de la Música

16.06.2010 | 02:57

El juzgado número 4 de Alzira ha citado a declarar al alcalde de la Pobla Llarga, Rafael Soler, como imputado por un presunto delito de prevaricación. La empresa Contratas Gandia, SL, presentó una querella en abril contra el alcalde y el secretario municipal tras la resolución del contrato suscrito para la rehabilitación de la Casa de la Música. El alcalde se rodeó ayer de los principales técnicos municipales para responder a la acusación de esta empresa.
"Prevaricar es tomar resoluciones a sabiendas de que no son justas, y lo que ha hecho el Ayuntamiento de la Pobla es todo lo contrario: se han seguido escrupulosamente todos los pasos que marca la ley", declaró ayer Soler. El secretario municipal detalló los pasos dados desde la adjudicación de los trabajos. El 27 de noviembre de 2006 se firmó el acta de replanteo, fecha a partir de la cual comenzaba a contar el plazo de 5 meses fijado por la empresa (y que representó una mejora en el concurso para la adjudicación) para la ejecución de la reforma. Sin embargo, en marzo de 2007, la obra aún no estaba concluida y el consistorio inició el expediente para la resolución del contrato: "Habían pasado dos años casi de incumplimiento de la ejecución del contrato", apostilló el secretario.
La resolución, según el secretario, se basa en la Ley de contratos de las Administraciones públicas, que prevé la demora en cumplir los plazos como causa de anulación. Según el técnico, se celebraron "más de una decena de reuniones con la mercantil para llegar a un acuerdo, y como no se alcanzó, se inició el expediente de resolución".
También se ha cumplido con el Reglamento de contratos de Administraciones públicas: "Audiencia al contratista, se le ofreció el 9 de marzo de 2009; audiencia al avalista, se le notificó el 12 de marzo de 2009; informe del servicio jurídico, del 24 de abril de 2009 y dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, del 18 de junio de 2009", explicó. Además, "la mercantil durante la ejecución se declaró en concurso de acreedores y, por tanto, estamos obligados a resolver el contrato", concluyó.

Incumplimientos del consistorio
Por su parte, Contratas Gandia acusa al consistorio, como publicó este diario, de desoír sus reiterados requerimientos para que los técnicos municipales (que eran los encargados de la dirección de la obra) aprobasen las certificaciones de obra y facilitasen el avance en los trabajos. En este sentido, achaca al consistorio "incumplimiento de la obligación de transmitir a la dirección facultativa las órdenes por escrito", entre otras cosas

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