22 de junio de 2010
22.06.2010
Iniciativa

El campo sufre su propia SGAE

Un inspector de una sociedad defensora de derechos de los inventores de variedades vegetales recorre Turís para reclamar a los agricultores el pago de "royalties" por piratear frutales protegidos por patente

22.06.2010 | 03:26
Árbol de una variedad de nectarina protegida en un campo de Carlet.

Localizan la parcela más remota y reconocen a simple vista, según dicen, si el árbol plantado en ella se corresponde con alguna de sus variedades protegidas y si por él el agricultor ha pagado los "royalties" estipulados. Es la versión agrícola de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y, aunque su nombre ya es conocido entre citricultores y organizaciones agrarias, supone aún una novedad para los pequeños productores de fruta de la comarca.
Geslive AIE, es el nombre que recibe la Agrupación de Obtentores de Variedades Vegetales. Bajo esta denominación se agrupan los inventores de variedades vegetales, entre ellos entidades del sector público y privado dedicadas a la investigación y desarrollo de plantas exclusivas. Como creadores, detentan derechos sobre su invención, a través de patentes, marcas comerciales y otras modalidades de propiedad industrial. La entidad Geslive AIE se encarga de la gestión, protección y defensa de estos derechos.

Inspecciones de campo
Uno de sus inspectores ha despertado esta semana la preocupación de numerosos agricultores de Turís que en estos días concluyen la campaña de la fruta de verano. Con imágenes exactas de la localización de las parcelas, se ha dirigido a cada terreno en que, según sus datos, crecen variedades protegidas por las que no se han pagado "royalties". Ante el asombro de los propietarios, pues muchos de ellos no habían oído hablar hasta ahora de esta actividad, les exige indemnizaciones que van desde los 1.000 a los 5.000 euros (a razón de unos 3.000 euros por hectárea) si quieren legalizar la producción. La alternativa es arrancar el campo en plena producción o exponerse a una denuncia por un delito contra la propiedad intelectual.
"Te acojona en seguida", comenta uno de los varios afectados de Turís. Algunos de estos labradores pueden probar la procedencia de sus árboles que, según aseguran, han comprado en varios viveros de la zona donde no les exigieron el pago de ningún "royalty". Sin embargo, otros han aprovechado la expansión de los cultivos protegidos, especialmente diseñados para ofrecer más productividad y calidad de la fruta, para mejorar sus plantaciones.
"Las variedades protegidas son bastante más buenas que las antiguas", comenta el presidente de la cooperativa San Bernardo de Carlet, Vicent Monzó. Esta sociedad paga desde hace 8 años religiosamente los "royalties" de las varidades exclusivas adquiridas a laboratorios especializados. "Hay variedades libres, que son públicas. Pero la investigación pública es cada vez menor", señala. "En Carlet todos los árboles están protegidos. Es muy fácil entrar a un campo y robar un injerto para mejorar su producción", indica.

Férreo control en los mercados
Las inspecciones que realizan las sociedades protectoras de los derechos de los obtentores no sólo tienen lugar en las plantaciones. "Vigilan de cerca los mercados", explica Vicent Monzó. Y allí, señala, pueden averiguar la procedencia de la fruta y comprobar si el lugar de cultivo figura en el censo de clientes de la sociedad.

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