El caso Aguas de Calpe da para una de esas series de televisión cuyo argumento, a cada capítulo, es más enrevesado. En su sexta temporada (el caso está en el juzgado desde 2004), esta trama de subcontratas y sobrecostes, por la que están imputados el concejal y diputado del PP, Juan Roselló, y su cuñado, el empresario Francisco Artacho, sigue descubriendo a nuevos personajes.
El juez de Dénia que instruye el caso espera que Jesús Lara Santamaría, administrador de Obras Hidráulicas de Levante (OHL), la empresa de buzoneo que se llevó el suculento contrato para renovar la red transversal del agua de Calp, aclare quiénes son las tres personas que, pese a no tener relación aparente con las obras, se llevaron en total 1.059.904 euros.
El informe pericial de los pagos de OHL reveló que esta empresa, cuyo administrador en la sombra era Francisco Artacho, recibió 3.146.796 euros de la sociedad mixta Aguas de Calpe, S. A. La firma del cuñado de Roselló pagó 1,5 millones a Montubo Obra Civil, la empresa subcontratada para hacer las obras. Pero lo llamativo es que también recibieron importantes cantidades Antonio Ramón Céspedes López (435.600 euros), Javier Rojo García (350.320 euros) y Raimundo Lozano Hernández (273.884 euros).
El administrador de OHL debía declarar el pasado viernes, pero alegó que no podía comparecer porque había cambiado de abogado. El juez le ha vuelto a citar para el próximo 9 de julio. Ese día deberá desvelar el misterio de quiénes son esas tres personas y aclarar qué relación tuvieron -si es que tuvieron alguna- con las obras de renovación de la red de agua.
Además, ese millón de euros extraviado coincide con el sobrecoste en las obras constatado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Comisión de Precios de la Conselleria de Comercio.
El pasado viernes también acudieron al juzgado los representantes de las mercantiles Vives Dalmau y Exca-Gata. La trama les ha dejado a deber 80.000 y 245.000 euros, respectivamente.
