14 de octubre de 2010
14.10.2010

El PP eleva a 7 millones el IBI cobrado de más que Pego debe devolver a los vecinos

Acusa al tripartito de gastar el dinero recaudado indebidamente y de llevar al consistorio a la quiebra

14.10.2010 | 02:00
Los ediles del PP de Pego comparecieron ayer con un asesor jurídico (a la izquierda).

El PP de Pego aseguró ayer que el equipo de gobierno (Ciutadans de Pego, PSPV y Bloc) se metió el solo en la charca del catastrazo y luego no tuvo reparo en gastar todo el dinero cobrado de IBI indebidamente a los vecinos. Los concejales del PP Maite Ferrándiz, Eduardo Síscar y Fernando Gil explicaron ayer, junto a un asesor jurídico, que el alcalde, Carmelo Ortolá, no puede escurrir el bulto y decir que exigirá a la Dirección General del Catastro responsabilidades por la "barbaridad" de una revisión catastral que, tras estar tres años en vigor, los tribunales han tumbado.
"El principal responsable es el gobierno de Pego", afirmó Fernando Gil, quien insistió en que es el ayuntamiento el que liquida, recauda y ahora debe devolver lo que ha cobrado indebidamente. Gil recordó que el tripartito aprobó la nueva ponencia y sólo el PP votó en contra. Luego, el equipo de gobierno sí que presentó el contencioso administrativo que ha motivado su anulación. Pero, según este edil popular, el daño ya estaba hecho.
Eduardo Síscar hizo números de lo que había ingresado de más el consistorio en tres años de catastrazo. Dijo que son unos siete millones de euros que al tripartito, dado que los ingresos por licencias de obra se desinflaban, le vinieron de perlas para "continuar con su dinámica desaforada de gastos". Este concejal indicó que esa recaudación extra de IBI permitió elevar el gasto de personal hasta que ha supuesto más del 50% de los diez millones de presupuesto del Ayuntamiento de Pego.
"El gobierno local cobró ese dinero indebidamente, pero a conciencia. No tuvo la más mínima prudencia a la hora de gastárselo", criticó Síscar, al tiempo que advirtió de que la anulación de la ponencia de valores también da al traste con el plan de saneamiento del consistorio, ya que se sostenía en unos ingresos de IBI que ya no llegarán.
Fernando Gil advirtió de que la "irresponsabilidad" del gobierno local en la revisión del catastro ha llevado al ayuntamiento a la quiebra. Además de devolver siete millones, cuando, según el PP, las arcas municipales están tiesas, los ingresos por IBI bajarán drásticamente. El edil popular advirtió de que "no se podrán garantizar los servicios mínimos" y auguró dificultades para pagar las nóminas de los trabajadores e incluso el servicio de basura y el suministro de luz y agua.
Los populares han exigido un pleno extraordinario para plantear que se abra una oficina municipal en la que se asesore a los vecinos de cómo se les devolverá el dinero que el ayuntamiento les ha cobrado indebidamente. Lo normal es que cada vecino reclame individualmente. Pero el PP cree que el consistorio, para enmendar su error, debe "de oficio" buscar una fórmula de devolver el dinero o, al menos, de compensarlo en los futuros recibos del IBI.

La portavoz del PP echa en falta una condena unánime a su agresión
La portavoz del PP de Pego, Maite Ferrándiz, lamentó ayer que no se haya producido una condena unánime tras denunciar que el sepulturero municipal, Fernando Piera, la había agredido y amenazado. Ferrándiz apeló a su condición de mujer y de cargo público para reclamar un rechazo contundente a este tipo de actos intimidatorios. También criticó que siempre se le ponga el "apellido" de esposa del ex alcalde condenado a prisión por delito ecológico. "Estoy orgullosa de ser esposa de Carlos Pascual, pero merezco que se me considere por mí misma", manifestó. a. p. f. pego

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